El Gobierno se inclina por aprobar un real decreto ley para exhumar a Francisco Franco. Aunque la decisión jurídica en principio se tomará la semana que viene en la cúpula de La Moncloa, las fuentes consultadas señalan que esa es la opción más posible y así lo ha adelantado la Cadena SER. Esa fórmula da más respaldo político a la decisión de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos —el real decreto ley ha de ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes— y obliga a retratarse a la oposición —ningún grupo se opuso en 2017—. Pero además evita que un tribunal ordinario pueda revocar la decisión, porque solo el Constitucional puede evaluar si la ley incumple la Carta Magna y evita un episodio como el de Sanjurjo en Pamplona, donde un juez ha ordenado el regreso de sus restos.La radical oposición de la familia Franco a asumir los restos del dictador ha complicado, y mucho, los planes del Pedro Sánchez de sacar del Valle de los Caídos a Franco en julio. Lo que con acuerdo se podría hacer en un trámite, sin él se convierte en un viacrucis para el Gobierno. Los descendientes del dictador y la Fundación Franco pensaban acudir a los tribunales y nadie descartaba que pudieran tener éxito, al menos inicialmente. Que un juez suspendiera cautelarmente la exhumación o, peor aun, que ordenara el regreso de los restos al Valle era una pesadilla para el Gobierno.
Eso se solventa con un decreto ley. Se trata de un texto con fuerza de ley que aprueba directamente el Consejo de Ministros por motivos de urgencia. Luego la tiene que convalidar el Congreso en un plazo máximo de 30 días, así que la oposición tiene que retratarse. En el Gobierno no esperan problemas para sacarlo adelante. En mayo de 2017, la Cámara Baja ya votó sacar a Franco del Valle de los Caídos y lo hizo con 198 votos a favor y 140 abstenciones.
El PP no se opuso entonces y si lo hiciera sería una bendición para el PSOE porque situaría a los conservadores al lado de los Franco. Al menos así lo ven fuentes gubernamentales. Ciudadanos, que hace un año apoyó la proposición no de ley de los socialistas, podría mudar a la abstención, calculan. En resumidas cuentas, consideran que sacar adelante esa ley no sería un problema, como sí lo ha sido la renovación de RTVE, que está convirtiéndose en un embrollo mucho mayor del previsto y que, de hecho, aún no ha concluido.
En cualquier caso, aún no hay una decisión firme. Los informes ya están preparados. Para la semana que viene se prevé un análisis jurídico de las distintas alternativas en La Moncloa y a partir de ahí ya solo quedará que el propio Sánchez, y también la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha coordinado los trabajos y cuyo departamento se ha encargado de la interlocución con la familia y con la Iglesia, adopten el camino definitivo a seguir y el momento. La número dos del Ejecutivo señalaba esta misma semana que se espera que para final de verano la salida del dictador ya esté completada.
Margen de recurso mucho menor
Además del mayor empaque político, el decreto ley tiene una evidente ventaja judicial para el Ejecutivo. Al igual que con la retirada de las condecoraciones a Billy el Niño, el Gobierno había topado con los límites del poder ejecutivo. Al aprobar una ley, el margen de recurso para la familia o la Fundación Franco es mucho menor. Las posibilidades de impugnar al Constitucional están tasadaas: lo pueden hacer un grupo amplio de diputados, las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo.... pero no un ciudadano afectado, salvo que acudiera en amparo.
Sí podría plantear una cuestión de constitucionalidad el juez al que cayera el recurso, pero en cualquier caso las bazas en la mano del Gobierno se multiplican. La Fundación Franco advirtió el jueves de que esa fórmula supondría un "fraude de ley" y una "quiebra del Estado de derecho". En su opinión, vulneraría el artículo 86 de la Constitución, que limita el uso de decretos ley a leyes que "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos".
El Gobierno también se había planteado hacerlo mediante un real decreto ordinario, una fórmula de menor rango que se aprueba por Consejo de Ministros. En 2015 el Constitucional consideró que el Gobierno del PP abusaba de la fórmula del decreto ley para salvar su ausencia de mayorías en el Parlamento.
FUENTE: Con información de JUANMA ROMERO - RAFAEL MÉNDEZ - https://www.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
