A inicios del mes de junio, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, pidió a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal para elevar el déficit al 1.5%, lo que se traduciría en $300 millones, para inyectar dinero a nuevos proyectos y así mantener el nivel de crecimiento económico.El mandatario dijo en la televisora estatal Ser TV que la dispensa fiscal por $300 millones se utilizará para asegurar los 20 mil empleos ‘que se terminan' luego de que se finalicen las megaobras que se construyen en la actual administración, pautadas para concluir en aproximadamente ocho meses.
El mandatario mencionó que están por terminar la Línea 2 del Metro, que construye el consorcio formado por FCC y Odebrecht; la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, adjudicada a Odebrecht; el proyecto de la Renovación Urbana de Colón, adjudicado a Odebrecht y CUSA, y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE), adjudicado a la Constructora Meco y Edificadora Centroamericana Rapiparedes, S.A.
Varela aseguró que si no se aprueba la dispensa, ‘veremos cómo hacemos', ratificando su decisión. ‘Tendremos que ir al presupuesto, pero no vamos a afectar a la población. Hemos tomado una decisión y lo vamos a hacer', sostuvo en la entrevista televisada.
Además, urgió a inyectar ‘más dinero' en proyectos puntuales como la planta potabilizadora de Howard, la planta potablizadora de Gamboa, el anillo hidráulico Norte, el anillo hidráulico Este, nuevos apartamentos en Colón, más viviendas para Techos de Esperanza y escuelas.
De aprobarse esta dispensa fiscal por $300 millones, el déficit se elevaría un 1%. Actualmente está en 0.5% y quedaría en 1.5%.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, cifró el déficit del gobierno para grandes proyectos en $900 millones, el triple de lo solicitado.
Según el diputado perredista, el Gobierno ‘no ha informado' que la dispensa necesita más de $600 millones, porque la ley actual les da un 0.5% adicional sobre eso, y ese porcentaje ya les da $300 millones, ‘significa que vamos a llegar entre $800 a $900 millones de dólares de déficit que tiene el Gobierno para hacerle frente a los grandes proyectos'.
También advirtió que ‘el PRD no apoyará' al Gobierno en caso de que este quiera modificar la ley para ‘tocar el Fondo de Ahorro de Panamá'.
Aunque muy lejos de estar en quiebra, algunos economistas advierten que el ritmo de endeudamiento del Estado podría traer un impacto social negativo.
El economista David Saied explica que Panamá no ha tenido superávit en 10 años: ‘Sólo con superávits se puede bajar la deuda', indicó.
Además, señaló que el gasto público excesivo y los proyectos de inversión ‘con costos superiores a proyectos similares en otros países' le hacen daño a los contribuyentes y tienen un impacto social enorme.
Otro economista que secunda la propuesta de mayor orden fiscal es Francisco Bustamante, quien dijo defender la necesidad de la disciplina fiscal en el gobierno, tal como es indispensable en las finanzas personales o empresariales.
El endeudamiento debe cumplir una finalidad, ‘debe ser productivo', ‘generar ingresos para repagar la deuda adquirida', expresó Bustamante.
‘¿Quién se compromete a que no haya uso distinto al que se pueda aprobar si se hace? El dinero es fungible', apuntó Bustamante.
Otra arista que según Bustamante debió haber considerado el Gobierno es el patrón de gasto, que según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas se ha incrementado en medio de una desaceleración y de la caída en las recaudaciones fiscales.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal plantea en su artículo 11 que la suspensión temporal de límites financieros solo se puede hacer en casos de desastres naturales o emergencia nacional o cuando se experimente una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 1% o menor, urgencias que no se observan actualmente.
DISPENSA
El 5 de julio, unos días después de tomar posesión como ministra encargada de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla presentó formalmente a la Asamblea un proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).
La propuesta busca aumentar el ahorro corriente del Sector Público No Financiero (SPNF) para disminuir la dependencia del uso de los instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública neta, según la funcionaria.
Pero una semana después, el 11 de julio de 2018, el Consejo de Gabinete autorizó un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) hasta por la suma de $100 millones para financiar parcialmente el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2018. Una operación ‘rutinaria y normal', según los economistas.
Lo que llama la atención, de acuerdo con Bustamante, es que ocurre simultáneamente cuando se tramita una dispensa con la Asamblea y se solicita alterar el límite de endeudamiento.
La dispensa fiscal se solicitó en la coyuntura de la huelga del sector de la construcción, por el ajuste salarial de 14% entre 2018 y 2021.
El Gobierno achacó la caída en el crecimiento económico al paro de 30 días en el sector construcción, que calcularon en 1% del PIB, además del atraso en la terminación de importantes obras.
‘El mes de mayo de este año tiene el crecimiento más bajo de la actividad económica en la década. El acumulado de enero a mayo va en 3.17% según el IMAE, aunque normalmente el PIB es como un punto porcentual más alto que el IMAE', dijo Saied.
Cualquier ciudadano de a pie podía constatar que la demanda efectiva, el deseo y capacidad de adquirir bienes o servicios, estaba resentida antes de la huelga del Suntracs, apuntó Bustamante.
‘Las recaudaciones fiscales menores a lo proyectado, simplemente reflejaban esta situación, lo cual es inconsistente con los números utilizados en las proyecciones de crecimiento del PIB, utilizadas para preparar el presupuesto', manifestó el economista.
Bustamante subrayó que esta es la primera señal de alerta, sumado al hecho de que el Estado —que no estaba sentado en la mesa de negociación como parte, sino como mediador— quedó asumiendo parte de los costos.
Esto obliga al Estado a asumir aumentos de costos en sus proyectos que, probablemente, se suman a la falta de ingresos fiscales no alcanzados, presionando a las finanzas públicas a buscar esos recursos por otro lado.
‘GOBIERNO NECESITA $900 MILLONES'
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, dijo que el Gobierno Nacional ‘no' es serio en la solicitud de la dispensa (de $300 millones) porque no ha informado que necesita más de $600 millones.
El diputado señaló que la dispensa fiscal no va a ser acorde con lo que el Gobierno está solicitando y no se puede hacer una dispensa nada más para resolver el problema del gobierno. Se tiene que ver una dispensa fiscal basada en los próximos 5 años, para que todos los años no se esté subiendo o bajando la dispensa fiscal. ‘Eso no es serio para la banca financiera', advirtió.
Robinson explicó que lo que tiene actualmente la ley es que se puede gastar hasta 0.5% adicional sobre eso, y ese porcentaje ya les da los $300 millones. Esto significa que el Gobierno Nacional va a alcanzar un déficit entre $800 a $900 millones, para hacerle frente a los grandes proyectos que tiene.
Robinson explicó que el gobierno no recaudó lo que tenía que recaudar, no hizo una política beligerante y además las inversiones han estado mermando los ingresos y ahora necesitan ver cómo solucionan el problema en estos proyectos para que los contratistas reciban el pago que necesitan.
En cuanto al Fondo de Ahorro Panamá, dijo que para tocarlo el gobierno tendría que modificar la ley y el PRD no lo va a apoyar, pues son fondos que le dan garantía al país para recibir financiamiento extranjero.
FUENTE: Mirta Rodríguez P. - http://laestrella.com.pa - (PULSE AQUÍ)
