El Ministerio Público debe investigar de forma ‘independiente' y ‘sin lugar a dudas' la denuncia que pesa sobre Raúl Sandoval y Rafael Flores, secretarios privados del presidente de la República de Panamá Juan Carlos Varela, según miembros de la sociedad civil y abogados consultados por La Estrella de Panamá.Sobre la investigación por presunto enriquecimiento injustificado, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), señaló que este delito es uno de los más fáciles de probar, porque el investigado debe aportar las pruebas que justifiquen cómo adquirió sus bienes cuestionados.
La dirigente de Movin aclaró que aunque no tiene cómo determinar si son o no reales las acusaciones que se le hacen a Sandoval, piensa que una investigación es lo más sano para la confianza ciudadana.
Juan Carlos Araúz, exdirectivo del Colegio Nacional de Abogados (CNA), señaló que la investigación debe disipar la duda que ha generado la denuncia interpuesta por Luis Alberto Levin Moreno, a finales de junio pasado, en la que señala que alrededor de Sandoval ‘se ha montado una estructura de funcionarios con mucho poder político y económico' que buscan beneficio de contratos del Estado.
Araúz agregó que también existe una responsabilidad por parte del funcionario de facilitar el esclarecimiento de la denuncia, considerando que se trata de una persona allegada al poder político del país. ‘Es necesario que la investigación sea rigurosa para evitar que se cuestione un funcionamiento selectivo de la administración de justicia', puntualizó el abogado.
Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, espera que se realice una investigación con la independencia que amerita un caso como este, por la cercanía del funcionario con el presidente de la República.
Planells agregó que, en este caso, la agencia de instrucción debe proceder como en cualquier otra denuncia, ‘investigando a fondo' para determinar si existen suficientes pruebas que establezcan la comisión de un delito o si se trata de un ataque político.
Sandoval, considerado uno de los miembros del ‘círculo cero' del presidente, fue señalado en una denuncia penal por supuestamente haber adquirido propiedades y bienes que estarían fuera de su alcance financiero, considerando que devenga un salario mensual de $6 mil, según el documento legal al que tuvo acceso La Estrella de Panamá .
Una de las cuestionadas propiedades es un apartamento valorado en $1 millón, ubicado en el edificio Aquilina, en Punta Pacífica.
Además, según la denuncia, Sandoval adquirió una residencia en el sector exclusivo La Mare, en Punta Barco, cuyo costo oscila entre $306 y $486 mil, según el sitio web del proyecto. A estas propiedades se sumarían dos autos Mercedes Benz valorados en $150 mil cada uno.
Sandoval dijo, por su parte, que los bienes de su propiedad están sustentados en créditos bancarios con plazos de pago a 20 y 30 años y que fueron adquiridos durante su trayectoria laboral, tanto en el sector privado como en el público.
‘Mi patrimonio es producto de mi vida profesional ejercida de manera honesta y transparente en los últimos 17 años', aseguró Sandoval.
La Estrella de Panamá confirmó que el Ministerio Público adelanta diligencias encaminadas a confirmar o desmentir delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir que se señala en la denuncia.
La investigación fue abierta bajo el Sistema Penal Acusatorio, en la Fiscalía de Atención Primaria de la Procuraduría General de la Nación, por los supuestos delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, corrupción y asociación ilícita para delinquir.
Rafael Flores, otro secretario privado del presidente Varela, también ha sido señalado por supuestamente haber adquirido una vivienda en el mismo exclusivo proyecto La Mare, en Punta Barco.
REACCIÓN
Barraza niega contratos con el IMA
Raúl Barraza, gerente general de la empresa Barraza y Compañía, aseguró que no ha realizado transacciones con el Instituto de Mercado Agropecuario (IMA).
La reacción del empresario se produce después de conocerse que una denuncia buscaba determinar si la compañía había sido beneficiada con compras por invitación directa del IMA.
El denunciante Luis Alberto Levin Montero solicitó al Ministerio Público (MP) investigar la gestión de Eduardo Carles, al frente del IMA, quien fue jefe de compras de Barraza y Compañía.
Levin Montero hizo referencia a los nexos familiares y de amistad que unen a los Barraza con Sandoval y Carles. Pero, el gerente de la empresa aclaró que se utiliza su cercanía con su concuñado (Sandoval) y con Carles para afectar su trayectoria empresarial. Añadió que es fácil entender que teniendo cercanía con funcionarios no se dejaría pasar la ‘apetecible' oportunidad de hacer ‘negocios'. Sin embargo, ‘no todos somos iguales', dijo.
En un comunicado que llegó al diario La Estrella a través del servicio de mensajería, Barraza agregó que su empresa no ha hecho negocios con éste ni con ningún otro gobierno del pasado. ‘Consideramos que a este tipo de acusaciones, sin ética ni moral, es hora de ponerles un alto', según el empresario.
Por último, agregó que la empresa ha mantenido un comportamiento correcto en su trabajo y entorno.
ELIZABETH CHIARI, VINCULADA A CASO DEL PAN
Elizabeth Chiari, quien era un enlace del despacho de la ex primera dama de la República Marta Linares de Martinelli, con el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue la persona que dio las instrucciones para la compra de 110 mil bolsas que fueron objeto de una investigación penal, en la que nunca se le imputó cargos.
Rafael Guardia Jaén, quien fungía como director de la institución, reveló cómo se hicieron las compras.
Guardia Jaén dijo que las instrucciones recibidas de parte de Chiari eran que en la compra ‘se escogiera al grupo económico que fue al que yo le di el contrato', pues los mismos venían ejecutando ese contrato desde el año 2009.
En febrero de 2016, La Estrella de Panamá publicó una nota que firmó la ex primera dama Marta Linares, el 23 de mayo de 2013, en la cual se solicitaba la compra de las bolsas y para lo cual se detallaba que para cualquier consulta, se debía contactar a la señora Chiari.
Guardia Jaén confirmó en su indagatoria que, en efecto, la señora Chiari era la persona asignada para ‘coordinar todo'. Según el director del extinto PAN, la instrucción la recibió mediante nota firmada por Linares de Martinelli.
Posteriormente, según Guardia Jaén, recibía de parte de la señora Chiari las instrucciones personalmente en su oficina o vía telefónica.
Según Guardia Jaén, debió existir en los archivos una nota similar en la que se hicieron los contratos que se realizaron desde antes de su administración. En junio de 2018, el fiscal Adecio Mójica apeló la decisión de sobreseimiento definitivo de este caso para seis personas.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - http://laestrella.com.pa - (PULSE AQUÍ)
