Remoto, inaccesible. Su distancia de tierra firme —dos horas en lancha desde las costas de Veraguas, como mínimo— es lo que ha hecho de la isla de Coiba un punto valioso de la geografía nacional. En los tiempos de la dictadura, fue el depositario ideal para los opositores del régimen, como fue el caso del izquierdista Floyd Britton, cuyos restos se cree que todavía reposan en el cementerio del extinto penal. Su lejanía también ha potenciado su biodiversidad, con especies endémicas que le han valido la designación como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Pero un proyecto promovido desde la Presidencia amenaza el frágil equilibrio de los ecosistemas presentes en el Parque Nacional Coiba, creado por un decreto ejecutivo de 1991. El mismo está contemplado en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ha suscitado la polémica entre el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y los grupos conservacionistas. Bajo el título de ‘Diseño, rehabilitación y mantenimiento de la pista de aterrizaje de Isla Coiba', el estudio ‘categoría I' fue sometido a evaluación en MiAmbiente, como lo constata una carta notariada con fecha del 20 de junio.
La Estrella de Panamá tuvo acceso al documento, en el que Salvador Sánchez, representante legal del Ministerio de la Presidencia, solicita la evaluación del EIA. Otro documento —enviado también al ministro de Ambiente, Emilio Sempris, en esta oportunidad por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)— señala que el proyecto en cuestión se viene desarrollando en ‘un área que cuenta con atractivos naturales, geológicos, históricos y paisajísticos de alta calidad escénica y de fácil accesibilidad para los visitantes del Parque Nacional Coiba, en la Zona Histórica-Cultural', además de ‘edificaciones, infraestructura, relictos, evidencias' y ‘que está conformada por las áreas abiertas del antiguo penal'. Es una zona donde se encuentran sepultados los fantasmas de la represión militar, y que también es sitio de paso de las guacamayas rojas, especie que se encuentra en peligro de extinción, como se advierte en el informe firmado por María Soledad Porcell e Isaías Ramos, de CIAM.
Una de las ecologistas que se han opuesto al EIA es Susana Serracín. Desde su trinchera en la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), la abogada ha denunciado lo que percibe como un proyecto que busca promover un turismo masivo, de alto impacto, sin contar con las precauciones necesarias para preservar aspectos culturales e históricos, y sin promover actividades científicas: ‘Es inaceptable que se estén promoviendo este tipo de obras, una pista de aterrizaje en un área protegida… es incongruente con los fines de esta zona'.
CATEGORÍA EN DISPUTA
El EIA solicitado por el Ministerio de la Presidencia es de categoría I y no III, como lo establece el decreto 265, que regula la realización de este tipo de estudios en zonas protegidas. De esta forma, asegura Serracín, se estarían obviando las actividades de mitigación requeridas, además de las consultas que —en aras de la transparencia— deberían brindarle la oportunidad a la sociedad científica y civil de oponerse al proyecto.
‘Lo que se quiere evitar es el foro público, la consulta popular, y toda una serie de normas más exigentes que establecen los estudios de impacto ambiental de categoría III: esto demuestra la celeridad, la orden que Presidencia le está dando a MiAmbiente', manifestó Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental.
El 29 de junio, MiAmbiente recibió una ‘demanda y solicitud' por parte del abogado. En el documento, entre otros puntos, señala que el EIA adolece de la presencia de ‘falsos y la omisión de información fundamental'.
El mal manejo de la información científica es otro de los puntos subrayados por CIAM. Los cuestionamientos van desde el horario escogido por los consultores para realizar el trabajo de campo, la falta de referencia a estudios sobre la vegetación y los arrecifes coralinos, la ausencia de expertos en temas de patrimonio mundial, áreas protegidas y biodiversidad; cómo el aumento en el volumen de visitantes afectará a la fauna; los efectos de la erosión que provocarán las obras, que supuestamente se circunscribirán ‘a la pista de aterrizaje, al área de servicios y la sala de espera del edificio del aeropuerto que se quiere proyectar', etc.
La rehabilitación de la pista terminará en la construcción de otra nueva, una con capacidad para recibir aviones con mayor volumen de pasajeros. Así lo prevé Sousa Guevara, como ‘la punta de lanza de todo un proyecto multimillonario para utilizar la isla de Coiba, que es patrimonio de la humanidad, para hacer negocios'.
Modesto Tuñón, de relaciones públicas de MiAmbiente, indicó que actualmente el EIA se encuentra en trámite, pero no confirmó la recepción de una denuncia por parte de Sousa Guevara. El diario La Estrella de Panamá envío un cuestionario a MiAmbiente, pero hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
FUENTE: Con información de Errol Caballero - http://laestrella.com.pa - (PULSE AQUÍ)
