domingo, 26 de agosto de 2018

(España) Al Gobierno se le va el país de las manos (+Opinión)

Por: José Antonio Zaezalejos - Culminada la operación de márketing con el “gobierno bonito”, escalado el ránking en la encuesta del CIS, desplegada una política de gestos y mostrado un elenco de intenciones para su potencial electorado, Pedro Sánchez debió hacer lo que se había propuesto inicialmente: convocar comicios “cuanto antes” y rehabilitar la política española, viciada desde que el PP comenzó en 2016 a gobernar en minoría y tras girar la legislatura con el éxito de una moción de censura constructiva que llevó al PSOE a la Moncloa con un grupo parlamentario aún menor que el popular (84 escaños) al que se sumó una “coalición de rechazo” de carácter puntual que, aunque no se fraguó en pactos previos, va librando a Sánchez letras de cambio pagaderas a pronto plazo.

El presidente del Gobierno, sin embargo, ha creído que con una formidable (y poco pensada) maniobra de distracción (la exhumación de los restos de Franco) y con un vuelco en la política en Cataluña (que no contó nunca con el pacto previo de los independentistas) podría dar cuerpo a una gobernación que superase la coyuntura y llegase a 2020. Confiando, además, en que la flexibilidad de aumentar en 5 décimas el techo de gasto (5.000 millones más, pasando el objetivo del déficit del 1,3% al 1,8%) convencería a sus potenciales socios para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que evitasen la prórroga de los actuales elaborados y aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

No se previó que el PP tenía capacidad de bloquear la senda de déficit en el Senado. Para revertir el veto senatorial el grupo socialista presentó ayer una proposición de ley para modificar la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que es orgánica y no puede alterarse mediante decreto ley. Los nuevos Presupuestos quedan así diferidos “ad calendas graecas” porque aunque se pretende una tramitación urgente y en lectura única de la nueva ley, la Mesa del Congreso está controlada por el PP y Ciudadanos que no aceptarán la pretensión procedimental del PSOE. Mientras tanto, el Consejo de Ministros –infringiendo el plazo legal- ha guardado el techo de gasto en el cajón.

Franco, Cataluña, los Presupuestos y la inmigración se le han ido al Gobierno de las manos, los cuatro asuntos han cobrado vida propia y no responden a los controles de sujeción que el Ejecutivo creyó disponer sobre ellos. Ha ocurrido con la exhumación de los restos de Franco. Al margen de que el procedimiento sea inadecuado (en general todos los gobiernos han utilizado abusivamente los decretos leyes), retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador provoca en la política española un enorme estímulo ideológico que tiene efecto multiplicador.

Ya veremos qué dice la Iglesia y la familia sobre el asunto. Pero, de momento, la decisión gubernamental ha provocado la reclamación de anulación de determinadas sentencias del franquismo, cuestión que plantea un serio problema de seguridad jurídica. Igualmente, al hilo de la exhumación de Franco, desde la extrema izquierda se pide la revisión de la ley de Amnistía de 1977 (¡nada menos!) porque se considera que es una ley “de punto final” (del franquismo).

La polémica, también, ha llegado a las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha abierto informaciones reservadas de las que podrían deducirse expedientes disciplinarios a uniformados en la reserva que han suscrito manifiestos a favor y en contra de lo que representó Francisco Franco. A mayor abundamiento, el aparentemente discreto ministro de Cultura, José Guirao, en unas frívolas declaraciones propone que el Valle de los Caídos cumpla el papel simbólico de los “campos de concentración” del nazismo, mientras la afluencia de visitantes a Cuelgamuros ha convertido el mausoleo del dictador en un destino turístico en el que es difícil discernir dónde termina la curiosidad y comienza la adhesión.

La exhumación de Franco requería un pacto de Estado. No era asunto menor para solucionar con la actual precariedad política y plantea una confrontación revisionista histórica de complejas consecuencias. Es cierto que había que dar solución al Valle de los Caídos y al enterramiento definitivo de Franco porque mediaba un mandato del Congreso, pero ¿así y ahora? A poco que medite el Gobierno al respecto llegará a la conclusión de que sus aspiraciones no se corresponden con sus capacidades políticas y parlamentarias. Y también de que acoger solidariamente, en julio, al Aquarius es contradictorio con la devolución a Marruecos, casi “en caliente”, de 116 inmigrantes, en agosto, apelando para ello a un viejo acuerdo de 1992. De nuevo, rectificación para recuperar el control perdido sobre el fenómeno migratorio, por más que Carmen Calvo se emplee en negar lo contrario.

En Cataluña se ha roto el pacto constitucionalista del 155. Era preciso rectificar la posición táctica del Gobierno de Rajoy en esa crisis. Aunque con un entusiasmo digno de mejor causa y unas tragaderas dilatadas, Sánchez lo ha intentado. Su esfuerzo está al borde del fracaso y no por la “deslealtad” de la oposición (Calvo, dixit), sino por la de los independentistas que quieren seguir siéndolo. Las terceras vías, propias del PSC y de no pocos sectores sociales en Cataluña y en el resto de España, han sido dinamitadas por el radicalismo rampante de Torra y Puigdemont que han pasado al “ataque” al Estado.

Aunque el presidente del Gobierno afirmó enfáticamente que no quería utilizar la vía judicial en Cataluña ya la ha tenido que emplear por partida doble: ante el TC para impugnar la reiteración de la declaración soberanista, y esta misma semana, ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la reapertura de siete delegaciones de la Generalitat en otros tantos países extranjeros. La respuesta desde Barcelona es la habitual: las “embajadas” siguen adelante. Y en el ínterin, el Gobierno catalán no compareció en la Comisión de Política Fiscal y Financiera. De fondo, la utilización sectaria de los Mossos contra los ciudadanos que retiran los lazos amarillos justifica que se convoque una junta de seguridad Estado-Generalitat que sólo se ha reunido en contados casos.

El reto del presidente y del Gobierno no consiste en alterar la realidad que le es tan adversa, sino en crear otra a través de una convocatoria electoral que rehabilite la vida política española, permita una coalición estable y responda a una planificación programática y no a la virtualidad de la gobernación de Sánchez que es, cada día, menos verosímil. La moción de censura de junio pasado tenía una lógica que el presidente ha contravenido.

FUENTE:  Columna de opinión "Notebook" - JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS - https://blogs.elconfidencial.com ->> Ir
 

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