La prueba pericial conjunta del juicio de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta concluyó tras 26 sesiones durante mes y medio en las que tres interventores del Estado y seis expertos propuestos por varios acusados han debatido sobre el sistema usado para dar las ayudas investigadas.El abogado José Rebollo, que defiende al exinterventor de la Junta Manuel Gómez, continuará el interrogatorio a los peritos que inició el viernes y con ello terminará la prueba pericial, ya que las partes han renunciado a la declaración de dos peritos de la Dirección General de Seguros que inicialmente habían solicitado la Fiscalía y varias defensas.
Los peritos de la Intervención estatal (IGAE) y los propuestos por las defensas del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y los exconsejeros Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, han debatido "hasta la saciedad" -en palabras del magistrado que preside el tribunal Juan Antonio Calle- la legalidad o ilegalidad de los distintos aspectos del llamado "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
Esta fase se ha prolongado "mucho más de lo que previsto", según ha reconocido el juez, que en varias ocasiones ha instado a los abogados y a los propios peritos a evitar repetir argumentos debatidos "no una, no dos, no tres sino no se cuántas veces ya", hasta el punto de añadir sesiones extra los pasados jueves y viernes.
Una vez que termine el interrogatorio, se prevé que a media mañana, comenzará la fase de la prueba documental, en la que las partes señalarán los documentos que quieren que se consideren reproducidas en el juicio especificando su ubicación en el voluminoso sumario de este procedimiento.
Esta fase se prevé que cope las sesiones de martes y miércoles de esta semana, por lo que será el lunes 29 cuando comienza la exposición de las conclusiones e informes finales por parte de la Fiscalía, las acusaciones de PP-A y Manos Limpias y las defensas de los 22 procesados.
A partir de entonces, los acusados están obligados a acudir de nuevo al juicio.
Desde que en abril terminaron sus interrogatorios el tribunal les dispensó de asistir y sólo algunos han acudido a algunas sesiones, como los exconsejeros Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y en menor medida Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exinterventor Manuel Gómez; los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano; el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; o los ex secretarios generales de Empleo Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.
Quienes no han vuelto a asistir al juicio desde abril son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán o el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales acusados al ser quien otorgaba las ayudas investigadas.
En sus conclusiones e informes, la Fiscalía y las acusaciones populares deberán señalar si mantienen la acusación contra los 22 procesados y por los mismos delitos -prevaricación y malversación-, así como las penas solicitadas, en función de lo que consideren que ha quedado probado en un juicio que comenzó en diciembre de 2017 y por el que han pasado más de 120 testigos y nueve peritos.
Igualmente las defensas deberán exponer por qué solicitan la libre absolución para sus clientes y desmontar que se haya acreditado que cometieran los delitos de los que son acusados.
Tras esta exposición, se prevé que el juicio quede visto para sentencia a finales de noviembre, cuando el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla se retirará a deliberar para dictar un fallo que tardará meses en conocerse.
Magdalena Álvarez, dimitida, imputada y embargada pic.twitter.com/LUhSV94Hxn— JD Alvarez 🇪🇸 🇻🇪 (@jdalvarezt) 23 de octubre de 2018
FUENTE: Con información de Agencias
