lunes, 8 de octubre de 2018

(España) Un lobista de Villarejo evitó la extradición con Garzón de abogado y Delgado de fiscal

La pieza de la operación Tándem que instruye en secreto la Audiencia Nacional encierra un episodio en el que confluyen de nuevo José Manuel Villarejo, Baltasar Garzón y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El comisario de la Policía Nacional recurrió al embajador de Guatemala en Estados Unidos entre 2013 y 2015, Julio Ligorría, para tratar de bloquear la investigación abierta en el país centroamericano contra el naviero español Ángel Pérez-Maura, acusado de pagar 30 millones de dólares en sobornos al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina en el llamado caso TCQ.

Ligorría se reunió con Villarejo en Madrid en varias ocasiones para decidir cuál era la mejor vía para conseguir que Pérez-Maura nunca fuera extraditado a Guatemala y, al mismo tiempo, que la cámara legislativa de ese país sacara adelante un memorándum que permitiera al industrial, perteneciente a una de las familias más ricas de España, cobrar la totalidad de la venta de una infraestructura -una terminal de contenedores en el puerto de Quetzal- que fue bloqueada tras descubrirse que se había adjudicado a dedo a cambio de sobornos.

Sin embargo, en plenas maniobras de Villarejo para tratar de sacar a Pérez-Maura del caso TCQ, el propio Ligorría fue reclamado por Guatemala por un delito de blanqueo de capitales y otro de financiación irregular de la campaña de 2011 del mismo presidente corrupto que supuestamente favoreció al empresario español, Pérez Molina. El 26 de septiembre de 2017, sólo un mes antes de que se desencadenara la operación Tándem, el exembajador fue detenido en las calles de Madrid por agentes de la Policía Nacional. La cuenta oficial del cuerpo en Twitter anunció el arresto.


​A partir de ese momento, se puso en marcha una maquinaria en la que participaron Garzón y la ministra Dolores Delgado, que en aquel momento era fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista de la Audiencia Nacional. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la causa, para tratar de frustrar su propia extradición, el lobista de Villarejo contrató los servicios del despacho de Garzón, Ilocad. Oficialmente, se hizo cargo del procedimiento uno de los últimos letrados en incorporarse a su bufete, Manuel Miguel Vergara (entró en enero de 2017).

En concreto, las autoridades de Guatemala acusaban a Ligorría de haber servido de enlace para que una compañía de telecomunicaciones que quería copar el mercado de la telefonía en ese país pudiera entregarle más de 1,7 millones de euros al candidato a la presidencia que tenía más opciones de salir elegido, como finalmente ocurrió. Para canalizar los pagos, el exdiplomático habría puesto al servicio de la trama una de sus compañías. Casualmente, el caso cayó en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Fernando Andreu, mantiene una excelente relación con Garzón y Delgado.

Según consta en las actuaciones, a las que ha tenido acceso este diario, Vergara se opuso a la extradición de su cliente alegando que Guatemala no había incluido en su petición el delito de financiación ilegal de un partido político, que era el delito precedente que justificaba la imputación por blanqueo. Además, esgrimió que los tratados entre ambos países no contemplaban la entrega por esas infracciones y, sobre todo, que Ligorría también tenía la nacionalidad española. La habría conseguido en 2009 por lo que, según su abogado, al ser nacional, no podía ser entregado a Guatemala.

Delgado no tenía que haber intervenido en el proceso. De hecho, no estaba designada para representar a la Fiscalía. Pero una de las dos compañeras que llevaban el caso enfermó y ella se hizo cargo de la acusación pública, una parte decisiva en los procesos de extradición. La ahora ministra de Justicia asumió los argumentos del abogado del despacho de Garzón y redactó un informe de entrega contrario a la extridición del colaborador de Villarejo. El trámite se produjo el pasado 9 de abril, sólo dos meses antes de que Pedro Sánchez incluyera a Delgado en su Gobierno.

A juicio de la fiscal, las autoridades guatemaltecas no habían aportado suficientes indicios de que Ligorría fuera integrante de una organización criminal y tampoco apreció intenciones “fraudulentas” en la obtención de la nacionalidad que le sirvió como escudo para evitar responder ante las autoridades de Guatemala. Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón el pasado 31 de mayo al exembajador por su condición de nacional, aunque utilizaba preferente la identidad guatemalteca. El contacto utilizado por Villarejo para frustrar la investigación contra Pérez-Maura ya tenía asegurada su permanencia en España.

Las trayectorias de Delgado y Vergara volvieron a cruzarse el pasado agosto. La ya ministra de Justicia decidió incluir al abogado del lobista en un nuevo consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, una de las grandes aspiraciones de Garzón. De hecho, el exmagistrado cuenta con su propia fundación para tratar de impulsar ese cambio normativo (Fundación Internacional Baltasar Garzón), al que ya se ha comprometido Delgado. Otro de los elegidos por la ministra para su consejo asesor fue Manuel Ollé, conocido también por su proximidad al exjuez.

Este diario se puso en contacto con la ministra de Justicia para preguntarle por su papel en la extradición del colaborador del comisario y saber si, durante el procedimiento, era consciente de la relación entre ambos. "La ministra dará todas las explicaciones que estime necesarias en su comparecencia del próximo miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, comparecencia que ella misma ha solicitado", respondió un portavoz oficial del ministerio. Garzón también fue telefoneado para preguntarle por la participación de su bufete, pero no hubo contestación.

Como adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ya están investigando en una pieza secreta de la operación Tándem si Garzón y Delgado colaboraron con Villarejo para tratar de evitar la extradición de Pérez-Maura a Guatemala. Se sospecha que la ministra y el exmagistrado pudieron utilizar su influencia para conseguir que la Fiscalía del país centroamericano rebajara sus acusaciones contra el naviero español. Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detectado pagos de Pérez-Maura a Villarejo y de este a Garzón. En total, el comisario habría recibido del industrial más de 7 millones de euros.

La ministra negó en un primer momento haber tenido el más mínimo contacto con el presunto cerebro de Tándem, pero el diario moncloa.com publicó audios de una comida celebrada en octubre de 2009 en la que Delgado y Villarejo compartieron mesa durante casi cuatro horas. Garzón también estuvo en esa cita.

FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA - https://www.elconfidencial.com ->> Ir
 

LO + Leído...