La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-2014), llamó a la comunidad internacional a entender que mientras el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, no vea medidas concretas en su contra seguirá ignorando los reiterados llamados a que reanude “el diálogo nacional sincero”, y negándose a la opción de las elecciones para poner fin a la crisis que cumplió seis meses este 19 de octubre.La entrevista con Chinchilla se dio la semana pasada, días antes que el tema de Nicaragua volviera por sexta ocasión al foro de la Organización de Estados Americanos y mientras ella se encontraba en Portugal asistiendo a la Asamblea General del Club de Madrid, como se conoce al foro de más de cien expresidentes y primeros ministros que promueven valores democráticos en el mundo.
Desde allá, vía telefónica, la expresidenta costarricense explicó que, pese a que Ortega no ha permitido el ingreso del Grupo de Trabajo de la OEA y ha limitado la labor de los organismos de derechos humanos internacionales sobre la situación en el país, eso no ha impedido que internacionalmente estén al tanto de los abusos que el régimen sigue cometiendo para “callar la rebelión” de la ciudadanía.
“Seguimos con mucha angustia la situación de Nicaragua porque simplemente no ha mejorado, la situación sigue siendo tan tensa como desde el momento que estallaron las protestas en abril pasado. Simplemente hay muchos nicaragüenses que han optado por huir del país; a otros los han neutralizado encarcelándolos o poniéndoles medidas cautelares, a otros los tienen amenazados, a ellos o a sus familiares. Sabemos que la rebelión sigue igual, un poco más contenida por la amenaza y el terror, pero la situación es la misma”, explicó Chinchilla.
El Consejo Permanente de la OEA ha emitido tres condenas en contra del régimen orteguista por la violación a los derechos humanos. La Secretaría General del organismo le propuso a Ortega un calendario electoral que contempla el adelanto de las elecciones presidenciales, que serían entre marzo y agosto de 2019 y no en 2021, tal como se encuentra estipulado en la Constitución.
También la Unión Europea, Naciones Unidas y otros foros mundiales, así como de manera bilateral diferentes gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, han llamado al régimen orteguista a dejar de reprimir y sentarse a dialogar. Pero todo lo rechaza.
La expresidenta Chinchilla dice que la Carta Democrática Interamericana —misma que el secretario general Almagro dijo el viernes que invocaría en su artículo 20 si sigue la represión— debe aplicarse a lo inmediato a fin de que Nicaragua no se convierta en otra Venezuela o Cuba.
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“A mí me da mucho temor, por lo que estoy viendo en Nicaragua es que está siguiendo la misma ruta de Venezuela, es decir una crisis que languidece con un dictador que se aferra al poder a punta de represión que va deprimiendo poco a poco la economía, generando además un gran estrés económico y social, y sin ninguna esperanza de los nicaragüenses, igual que pasa en Venezuela, de poder ir a un proceso electoral para definir si quiere o no quiere que Ortega se quede en el poder”, dice la exjefa de Estado.
¿Qué más puede hacer la comunidad internacional?
Si seguimos simple y sencillamente condenando retóricamente la comunidad internacional al régimen cada vez que trasciende un nuevo arresto, cada vez que trasciende una nueva represión a una manifestación, si seguimos por esa vía no va a pasar nada, porque a este tipo de personas (Ortega) no les importa la opinión pública internacional. Si no les ha importado lo que piensa su pueblo, muchísimo menos le va a importar lo que piensen los otros pueblos del mundo. Aquí hay que pasar de la condena retórica a los hechos.
¿Qué acciones en concreto deben tomarse?
¿Qué quiero decir por hechos? La OEA dio un buen paso cuando estableció la comisión especial (Grupo de Trabajo) para darle seguimiento a los acontecimientos en Nicaragua. Esta Comisión fue importante porque permite avanzar hacia la aplicación de la Carta Democrática, porque esta Comisión permite una valoración colectiva, recoger información y monitorear para poder valorar colectivamente e informar al Consejo Permanente de si en Nicaragua hay avances en la solución de la crisis o si hay retrocesos o se mantiene igual (…).
La urgencia de ese informe permitirá al Consejo Permanente ir escalando las decisiones hasta llegar a las sanciones más fuertes contra el régimen.
Sesión de la OEA el viernes
El viernes pasado el Grupo de Trabajo para Nicaragua rindió un informe sobre la situación de este país al Consejo Permanente de la OEA en el que se expuso la falta de cumplimiento a los acuerdos suscritos por Ortega sobre las reformas electorales. Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la OEA que la represión ha escalado al impedirse las marchas ciudadanas y siguen violándose los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen orteguista.
Previo a la sesión de la OEA, la expresidenta Chinchilla había explicado que lo que informara el viernes el Grupo de Trabajo sería la base para que el Consejo Permanente se encamine a la aplicación de la Carta Democrática al régimen en Nicaragua.
¿Cuál debe ser el paso?
Sobre la base de ese informe se tomen medidas adicionales en la dirección que apunta la Carta Democrática, es decir se comienzan a establecer condiciones de cumplimiento y plazos al Estado, en este caso Nicaragua, y de no cumplirse se van aplicando las sanciones.
A diferencia del régimen de Venezuela el de Nicaragua es mucho más débil en lo económico. De tal manera que, si aquí no hacemos acompañar al pueblo nicaragüense que pide diálogo en la mesa, y que nosotros estamos de acuerdo (comunidad internacional), pero si ese diálogo no se hace acompañar de la amenaza de sanciones por parte de la comunidad internacional, Daniel seguirá burlándose del pueblo nicaragüense porque no habrá diálogo fructífero.
¿Qué tipo de sanciones caben?
Se prevén muchas. Las más dolorosas para el régimen podrían ser un corte al acceso a los recursos financieros de la comunidad internacional. Esa es una de las sanciones que más duelen, que se le aplicó a Honduras cuando se dio el rompimiento del orden constitucional por la salida (a través de un golpe de Estado) de (Manuel) Zelaya. Y a eso le tiene miedo Ortega porque, vaya, Nicaragua está en una situación delicada económicamente. ¿Se tiene que llegar o no a esa medida? No estoy segura si se va a llegar, pero la OEA debe dar muestras de que está dispuesta a aplicarlas en caso de que no avance el diálogo.
Algunas opiniones en el país son que la aplicación de la Carta Democrática no pasaría de (ser una) medida política…
No es así. La Carta Democrática tiene muchos dientes. Llega hasta el nivel de cortar, como te digo, el acceso a los fondos de financiamiento internacional. Esa es una medida que le duele mucho a un gobierno, sobre todo en la situación tan endeble en que están las finanzas públicas de Nicaragua. Que Daniel no pueda seguir financiando a sus aparatos represivos tendrá que dolerle. La Carta Democrática sí establece sanciones efectivas. Simplemente no se ha invocado, hasta ahora, cuando lo que tenemos con claridad es un rompimiento del orden constitucional y una flagrante violación de los derechos humanos.
El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, habló que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad los crímenes del Gobierno y de la posibilidad de llevar a una acusación internacional.
¿Comparte usted esa opinión y cree viable una acusación de este tipo contra Daniel Ortega?
No descarto ningún tipo de alternativa dirigida a establecer sanciones que pueden ser económicas, administrativas como negar acceso de ingreso y eliminación de visas para algunos países y hasta penales para los responsables de lo que está aconteciendo. Yo no las descarto. En cuanto a la Corte Penal Internacional hay una única restricción y es que como Gobierno no se puede llevar el caso porque Nicaragua no es signatario del tratado que creó la jurisdicción penal internacional. Sin embargo, sí se pueden considerar denuncias internacionales como individuo. Yo no descartaría nada.
La comunidad internacional tiene que ponerse a la par del pueblo nicaragüense a través de la amenaza de las sanciones sobre el régimen.
El actual Gobierno de Costa Rica ha criticado la represión, pero Ortega le contestó diciendo que no se meta en los asuntos de Nicaragua y, hasta le acusó de ser quien viola los derechos
humanos de los costarricenses que tiene más de un mes en huelga.
¿Qué opina usted?
A mí me sonó a un mensaje intimidatorio, me sonó a una amenaza que puede hacer pensar a uno que está dispuesto a cualquier cosa, utilizando a Costa Rica como chivo expiatorio para distraer la situación de Nicaragua. Obviamente Costa Rica tiene problemas como cualquier nación democrática. Sin embargo, pese a que este no es un gobierno (el de Carlos Alvarado) de mi partido, ha creado un apoyo y un clima de unidad nacional alrededor del tema que está tratando (el problema fiscal) y las protestas se están solucionando por la vía institucional. Son los jueces y no las fuerzas del orden los que están solucionando el tema de las protestas.
Acciones serían graduales
La exmandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que comparte la sugerencia realizada el viernes por el secretario general de la OEA de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática a Nicaragua. “Permitirá que el Consejo Permanente efectúe una valoración colectiva sobre los graves hechos denunciados por la CIDH y proponga acciones en concordancia con lo que prevé la Carta Democrática. Esas acciones son graduales y no se imponen de buenas a primeras la expulsión de un país de la organización”. Según ella, las acciones deben apuntar a desplegar acciones diplomáticas —que pueden llegar a incluir sanciones— “dirigidas a hacer efectivo el respeto a los derechos humanos, y a conseguir que el régimen acceda al diálogo”.
FUENTE: Con información de Lucía Navas - https://www.laprensa.com.ni ->> Ir
