El Gobierno Nacional reconoció ayer haber contratado a firmas de abogados y consultorías externas para ‘estudiar' los casos de corrupción cometidos durante el pasado Gobierno, antes de presentar las respectivas denuncias, querellas y demandas ante los organismos competentes.Tras guardar silencio por más de una semana, ayer, a través de un comunicado, el Gobierno Nacional se refirió a las publicaciones hechas por La Estrella de Panamá, en donde se reveló la existencia de un esquema de investigación paralelo de los casos de corrupción del pasado gobierno.
Este esquema habría sido ejecutado por Rogelio Saltarín, abogado penalista y asesor externo de la Presidencia de la República, durante los primeros 18 meses del gobierno de Juan Carlos Varela, quien junto a Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), habrían utilizado el brazo de Kenia Porcell en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación.
El CSN habría manejado estos expedientes.
En el comunicado, se señala que la contratación de firmas de abogados locales e internacionales fue una decisión necesaria e indispensable para atender los graves hechos de corrupción y situaciones contractuales complejas del quinquenio pasado.
‘El actual Gobierno, decidido a recuperar lo que fuera posible del patrimonio público apropiado ilegalmente y ordenar la Administración Pública, reunió apoyo profesional de varias firmas reconocidas de abogados', destaca.
Se detalla además que el Gobierno, a través de las distintas instituciones y ministerios, tenía la obligación legal de interponer las denuncias, querellas y demandas, para velar siempre por los mejores intereses del Estado y que , al ser temas legales diversos, se requería la orientación de especialistas de distintas ramas del derecho.
Por ello, explica el comunicado, fueron contratados los servicios de las firmas de abogados: Tapia Linares y Alfaro; Saltarín, Arias y Auditores Jurídicos; Arias, Fábrega y Fábregas; Icaza, González Ruiz y Alemán; Morgan & Morgan, entre otras. Mientras que a nivel internacional, se contrató a Hogan Lovells, Shearman & Sterling y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, entre otras.
‘El Órgano Ejecutivo ha cumplido con su responsabilidad constitucional y en ningún momento se han usurpado competencias de otros órganos del Estado. Una vez estudiados los casos, y de haber evidencias de irregularidades, las querellas, denuncias y demandas respectivas fueron presentadas ante los organismos competentes', destaca.
En el comunicado del Gobierno se indica que ante semejante latrocinio del quinquenio pasado y frente a las condiciones desventajosas para el Estado que encontró la actual Administración, la contratación de firmas de abogados nacionales y extranjeras ha servido para encontrar soluciones a múltiples problemas, mediante procesos judiciales, arbitrajes y acuerdos, dentro y fuera del país.
Enfatiza la nota que las tareas realizadas por estos bufetes se desarrollaron en el marco de la ley y han sido sumamente útiles en la lucha contra la corrupción y en el ordenamiento de la administración del Estado.
INJUSTIFICABLE
Para el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, el comunicado del Gobierno es la forma de justificar las acciones publicadas por La Estrella de Panamá.
Fraguela consideró que es una obligación de todo funcionario público hacer lo que la ley señala, y si tuvo conocimiento de acciones que supuestamente constituyen delitos, debieron presentarse las denuncias correspondientes.
Ni ‘aquí en Panamá ni en ningún país donde se respete la Constitución y la ley, puede ser aceptable que el fin justifique los medios. Si alguien cometió un delito, se deben presentar las denuncias correspondientes, pero esos procesos que se adelanten como consecuencia de las denuncias, deben venir acompañados de las garantías constitucionales y el debido proceso', puntualizó.
El abogado Ernesto Cedeño también se refirió al comunicado del Gobierno y consideró que legalmente es viable la contratación de profesionales del derecho externos, para que asesoren y defiendan al Estado en las jurisdicciones diversas.
No obstante, considera que no se rechaza de plano la existencia del llamado ‘Clan la Taquilla' y asegura que la experiencia indica que los asesores jurídicos externos no están habilitados para exigir el cumplimiento de reuniones con funcionarios, fuera del lugar y competencia de donde fueron contratados.
FUENTE: Gustavo A. Aparicio O. - http://laestrella.com.pa ->> Ir
