El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó la solicitud a la Asamblea Nacional de penalizar la evasión fiscal desde $300 mil anuales en tributos. Este umbral, dicen, es comparativamente “más alto que el de Suiza” y “excluye a la mayoría de los panameños, puesto que evadir 300 mil balboas por año, es una condición de muy pocas personas”.El Mef reaccionó así a la solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de elevar el mínimo de defraudación fiscal a $500 mil para tipificarlo como delito penal.
En un comunicado oficial, la ministra de la cartera económica califica los proyectos de Ley 591 y 692 como “una deuda de Panamá con la comunidad internacional”, resaltando que a raíz de la publicación de los Panama Papers, emergieron muchos casos considerados delitos fiscales en otras jurisdicciones que utilizaron las “estructuras jurídicas panameñas”, donde “no es un crimen el lavado de activos, lo que impide la cooperación judicial del Ministerio Público con otros países que soliciten colaboración”.
La CCIAP se pronunció el pasado fin de semana a través de su publicación semanal “La Cámara Opina”, donde además de pedir el aumento de $300 mil a $500 mil para penalizar la evasión, pidieron que se vuelva a incluir su propuesta de eximir al contribuyente de admitir o negar responsabilidad si llega a pagar los tributos que debe. Esto, según el gremio, para salvaguardar la integridad de las instituciones financieras. En la esfera penal, el gremio de empresarios pide que la atribución de responsabilidad se fije atendiendo al dolo de la persona investigada, es decir, quien defraude previendo razonablemente.
Aumentar el mínimo de defraudación anual a $500 mil no demuestra seriedad en combatir la defraudación, según el MEF. Al temor por posible persecución política, contestaron que “es infundado bajo el sistema penal acusatorio”, ya que "un juzgado asegura el debido proceso antes de privar a un ciudadano de su libertad".
Otro punto de controversia manifestado por los empresarios es la pena por delito precedente al lavado de dineros, que han sido establecidas entre 5 y 12 años, mientras que la CCIAP pide que se reduzca de 2 a 4 años, lapso en que se puede decretar la detención preventiva de los investigados.
El Mef recordó que las propuestas fueron “ampliamente debatidas” por un año y cuatro meses y cuestionó al sector privado local por arriesgar el bienestar del sistema financiero (de aprobarse leyes que demuestren “un total desprecio a las normas internacionales contra el blanqueo de capitales”) .
Se esperan más reacciones por parte de gremios privados, al tiempo que se reactiva la discusión de ambos proyectos en la Asamblea este martes. La Asociación Bancaria de Panamá se manifestará sobre el tema en horas de la tarde.
FUENTE: Rekha Chandiramani - http://laestrella.com.pa ->> Ir
