lunes, 12 de noviembre de 2018

(España) El juez cita al jefe de Información de los Mossos por el espionaje a rivales políticos

La investigación sobre los seguimientos de los Mossos a políticos, líderes sociales y periodistas críticos con el proceso independentista ha experimentado un nuevo avance. El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá, que centraliza todas las querellas contra la policía autonómica por esos espionajes clandestinos, acaba de citar para que declare en calidad de testigo a Manel Castellví, máximo responsable de la Comisaría General de Información del cuerpo, la sección en la que se encuadraban los agentes que efectuaron las vigilancias, en su mayoría, a personalidades y organizaciones que amenazaban el monopolio del discurso secesionista.

Los seguimientos fueron descubiertos por la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Policía Nacional el 26 de octubre del año pasado, solo un día antes de las declaración unilateral de independencia (DUI) y de la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un grupo de mossos fue interceptado cuando pretendía destruir en una incineradora de Sant Adriá de Besós (Barcelona) 36 cajas con documentación altamente comprometedora. Entre los papeles había informes sobre dirigentes de Ciudadanos, PSC y PP; de líderes de Sociedad Civil Catalana (SCC), Movimiento Cívico España y Catalanes, Profesores por el Bilingüismo y Somatemps, entre otras entidades contrarias a la independencia; del abogado constitucionalista José María Fuster-Fabra, y de periodistas como Albert Castillón. También apareció un informe dedicado exclusivamente a El Confidencial, con especial interés en sus profesionales de la delegación de Barcelona. Por ese motivo, este medio está personado en la causa como acusación particular.

El juez especifica en el auto de citación de Castellví, dictado el pasado 6 de noviembre, que su declaración debe servir para averiguar "si dicha investigación fue llevada a cabo por funcionarios del cuerpo de los Mossos d'Esquadra; si así fuere, quién dirigía la investigación; cuál era el motivo y finalidad de la misma; cuáles fueron los medios utilizados para ello; qué actuaciones se practicaron y durante cuánto espacio de tiempo; si la investigación se puso en algún momento en conocimiento del Ministerio Fiscal y cuál fue la razón de la finalización de la misma".

Castellví también era el jefe de Información cuando se produjeron los espionajes. Encabeza esa comisaría desde que fue nombrado en 2011 por el Gobierno de Artur Mas con el aval específico del controvertido consejero de Interior Felip Puig. Ha resistido las múltiples renovaciones de la cúpula policial que se han producido desde entonces, a presar de que es el departamento más sensible por las intensas ramificaciones políticas de su trabajo. Los documentos de la incineradora han permitido confirmar lo que era un secreto a voces desde hace años: que los Mossos tenían una sección de agentes encubiertos que operaba bajo las siglas de UCRO (Unidad Central de Recursos Operativos) y tenía como principal cometido el espionaje de rivales de los gobiernos de Mas y Puigdemont. La UCRO desapareció meses antes del 1-O para transformarse en una nueva unidad llamada UCOINF con atribuciones nunca reveladas.

La citación de Castellví puede ser la primera de una larga lista de diligencias. Fuster-Fabra, que ejerce la representación de la mayoría de las acusaciones particulares, ha recurrido en reforma el auto de citación del comisario para reclamar que se le cite como imputado en lugar de como testigo y que, además, se interrogue a siete agentes vinculados a los seguimientos y al jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Policía Nacional que analizó los documentos rescatados de la incineradora en informes que ya constan en la causa. Por ahora, el instructor del procedimiento ha rechazado la práctica de esas pruebas.

Castellví ya tuvo que declarar como testigo el pasado 27 de febrero en la causa contra los líderes del 'procés' del Tribunal Supremo. Cuando fue preguntado por los motivos por los que su departamento intentó destruir 36 cajas con material sensible sólo 24 horas antes de la aplicación del artículo 155, el comisario respondió que se trataba de un sistema "estandarizado". "Ese el proceso que hacemos siempre, que hemos realizado en el año 2016 cuatro veces, creo, y en el año 2017 cuatro o cinco, incluso después del 1 de octubre", aseguró, para restarle importancia a la maniobra descubierta por la Policía Nacional.

FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - https://www.elconfidencial.com
 

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