viernes, 2 de noviembre de 2018

(España) Fiscalía acusa a secesionistas catalanes de rebelión

La fiscalía española solicitó el viernes una pena de 25 años de cárcel para el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras por rebelión y apropiación indebida de fondos públicos, en lo que constituye la petición de condena más elevada para los líderes separatistas que impulsaron un proceso secesionista en la región nororiental el año pasado.
En su escrito, la fiscalía acusa a 22 personas de participar, con distintos grados de implicación, en la organización de la afrenta independentista que incluyó un referéndum declarado fuera de la ley.

Los abogados del gobierno central, sin embargo, pidieron que se desestime el cargo de rebelión y que sea reemplazado por el de sedición, que es menos grave y que bajo las leyes españolas no conlleva la acusación de que usó la violencia para vulnerar la constitución o el estado de derecho.

El pedido probablemente tendrá escasa influencia en el proceso judicial, pero el cargo menos grave podría significar que el gobierno centroizquierdista del presidente Pedro Sánchez ha adoptado una postura más flexible porque necesita el apoyo de los partidos separatistas en el Parlamento para aprobar el presupuesto nacional y permanecer en el poder.

“Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico-jurídica de valoración de los hechos y aplicación del código penal”, afirmó el viernes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante una reunión con periodistas luego del encuentro semanal de gabinete.

Cuando se le preguntó si el gobierno tenía previsto conceder un indulto a los dirigentes catalanes una vez que fueran condenados, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se limitó a decir que se trataría de una medida que la Constitución española permite. “Nosotros como gobierno vamos a respetar escrupulosamente esta parte donde el proceso entra”, afirmó Calvo a reporteros.

Junqueras fue señalado como el principal instigador junto a otros 11 políticos, activistas y funcionarios públicos que también fueron acusados de rebelión por utilizar "la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido", explicó la fiscalía.

La consulta ilegalizada provocó la crisis política más grave del país en cuatro décadas de democracia e hizo que el gobierno central asumiera el control del regional durante cuatro meses, algo inédito en la política española.

Un año más tarde, la mayoría de los implicados están acusados o han huido del país. En Cataluña, un nuevo gobierno independentista mantiene una retórica prosecesionista, pero no ha vulnerado la ley.

El Tribunal Supremo español cerró el mes pasado su pesquisa contra 18 políticos y activistas por su relación con los acontecimientos turbulentos.

Otros cuatro funcionarios que estaban al frente de la policía de la región y están siendo investigados por la Audiencia Nacional, fueron acusados también el viernes. La fiscalía pidió 11 años de prisión para el exdirector de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero.

Se espera que ambos juicios comiencen a principios de 2019.

El esperado escrito de acusación del viernes no incluyó a los políticos catalanes que huyeron del país, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, que ahora vive en Bélgica y a quien España considera un prófugo de la justicia.

Junqueras, que se quedó en España y está en prisión preventiva desde hace exactamente un año, podría enfrentar también una prohibición para ocupar cargos públicos durante los próximos 25 años si los jueces acceden al pedido de los fiscales.

La segunda petición de condena más alta, 17 años, fue para los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que lideraban dos grupos proindependentistas de la sociedad civil; y para Carme Forcadell, que fungía como presidenta del Parlamento catalán.

Semanas después del ilegalizado referéndum _ una jornada en la que se registraron enfrentamientos entre los votantes y la policía que intentaba impedir su celebración _ Forcadell presidió una tensa sesión parlamentaria en la que, por una escasa mayoría, los legisladores secesionistas aprobaron una declaración unilateral de independencia.

La declaración no tuvo ningún efecto inmediato y, en cambio, incitó a las autoridades centrales a actuar con rapidez para hacerse con el control de Cataluña.

FUENTE: Con información de AP - https://www.20minutos.com
 

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