lunes, 5 de noviembre de 2018

(Italia) Mafia y fondos de la UE: la oscura historia detrás de las hortalizas

Nada más llegar a Rosarno, Ibrahim, Amadou y Pape supieron lo que cobrarían. A todos les dijeron lo mismo: Un euro por caja de mandarinas, cincuenta céntimos por una de naranjas. Y que no se les pagaría por hora de trabajo, sino por tarea realizada. El equivalente a unos 25 euros al día, la mitad de lo establecido por la ley laboral local, en unas interminables jornadas de diez o doce horas de duración, casi siempre, sin descansos y prácticamente a la intemperie.
Son ellos algunos de los 'esclavos' modernos de la cosecha del sur de Italia. Inmigrantes jornaleros que no tienen contrato de trabajo, ni seguro médico, ni derechos a bajas o subsidios y trabajan en la recolección de hortalizas, explotados desde años por las mafias y, ahora, también mal vistos por el nuevo Gobierno italiano. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son: unos dicen que rondarían las 3.000 personas tan solo en Calabria, otros que la cifra es mucho mayor. Vienen de Senegal, Ghana, Nigeria, Togo, Costa de Marfil, Ghana, Congo y otros países africanos, y la mayoría han llegado por mar desde ese infierno en tierra llamado Libia.

Son víctimas de un doble telaraña criminal. Para devolver la deuda contraída con los traficantes que los han llevado en barco hasta Italia, caen a merced de los ‘caporali’. Estos intermediarios, algunos africanos, otros locales, los eligen al amanecer, como si fueran un mercado de ganado, para llevarlos a trabajar en las tierras de empresarios cómplices. A cambio, les piden el ‘pizzo’, una comisión que va desde los tres a los cinco euros que los jornaleros restan a su sueldo, según cuentan los jornaleros.

Rezos y amenazas
En pleno siglo XXI en Europa, el campo de la Italia del sur sigue sufriendo problemas estacionales y coyunturales propios del siglo XIX. Sujeto a la desigualdad y los vaivenes de las estaciones y de la economía. En sus mal pavimentadas carreteras, hacen fila como hormigas centenares de deseheredados en bicicletas, dispuestos a lo que sea con tal de trabajar. Están rodeados por campos y campos de hortalizas que como destino tienen las mesas del norte de Italia y de Europa.

En los de la llanura de Sibari, están los cultivos de melocotones. En Tropea, se produce la famosa cebolla caramelizada de Calabria. En Rosarno, los cítricos. Allí, según la época del año en la que se está, van los jornaleros para luego, al anochecer, regresar cansados a sus campamentos, algunos de los cuales no tienen ni agua corriente ni electricidad.

Ibrahim hace saltar unas diminutas sardinas sobre un infernillo de butano y sale de su chabola. “Me calmo rezando”, cuenta este senegalés de 26 años y con un permiso de residencia temporal que nadie sabe sabe si podrá renovar con las nuevas leyes antiinmigración de Matteo Salvini, el líder de la Liga y ahora ministro de Interior italiano. “Los indocumentados deberán irse”, llegó a decir, en una de sus visitas a Calabria, Salvini. Una situación a la que ahora se han sumado también los actos de racismo contra los africanos.

“Han amenazado a mi familia. No tengo otra opción. Debo enviar dinero todos los meses”, añade Pape, el único del grupo que, desde hace un mes, ha logrado un mejor trabajo gracias a un proyecto de la cooperativa Macramé, que trabaja a contracorriente para que los inmigrantes sean integrados legalmente en el mundo agrícola calabrés.

“Es la expresión de un sistema fallido. Porque la agricultura calabresa, pese la riqueza en sus recursos naturales, ha sido destrozada. Y ellos, los inmigrantes temporeros son las últimas víctimas de este sistema”, dice Sara Urbano, responsable de los proyectos de Inmigración de la Fundación ‘Con il Sud’, organismo que sostiene económicamente proyectos como el de Macramé. “Hace años que esto ocurre. Solo que antes, hasta los años noventa, este trabajo lo hacían las mujeres y los italianos más pobres”, añade Urbano.

Globalización, Ndrangheta y fondos de la UE
En el origen, el problema remite también a las fallos del sistema económico, añade Vincenzo Vinarello, fundador de la cooperativa Goel, que intenta llevar adelante una economía sostenible y antimafia, y también recibe fondos de la Fundación ‘Con il Sud’. “Es un hecho de que en las últimas décadas el precio pagado a los productores ha bajado estrepitosamente, principalmente por la fuerte competencia de productos provenientes de fuera de Italia. Por eso, pienso yo, la responsabilidad es de toda la cadena de producción y distrucción alimentaria”, cuenta el empresario.

Parte del problema, además del atraso económico del sur, es que también la Ndrangheta ha empezado a ver al negocio agrícola como una buena inversión. “Les sirve para reinvertir el dinero que ganan ilegalmente y también para robar fondos de la Unión Europea, lo que implica un riesgo de acabar en la cárcel muy bajo”, explica una fuente judicial. Así, muchos productores, muchos de ellos pequeños terratenientes doblegados por la masiva importación a precios bajos, han caído en las garras de las ‘ndrinas calabresas, las células de mafiosos locales que se han infiltrado en el negocio de la agricultura junto con el sostén de las mafias africanas.

El dato no es poco relevante. De acuerdo con un informe de Oxfam, Italia, uno de los mayores productores agrícolas de Europa, ha recibido en estos años subsidios europeos, para mantener bajos y competitivos los precios de críticos, tomates, peras en conserva, tabaco, vinos y bebidas espirituosas. Por esto, no son pocos los que creen que el sur debería especializarse en productos ecológicos, para despuntar mayormente sobre el resto de las regiones europeas. “Nos están arruinando, aunque algunos seguimos resistiendo y ofrecemos alternativas”, añade Vinarello.

Esta es también la tesis que se ha puesto en pie en los últimos informes del Instituto Eurispes, el Observatorio sobre la Criminalidad en la Agricultura y el principal gremio de los agricultores, Coldiretti, como aparecía en el último informne de 2017. Según esta fuente, “el volumen de negocios de las agromafias subió un 30 % en el último año (2017), alcanzando los 21.800 millones de euros al año”, escribieron los autores de la investigación.

Contra los ‘caporali'
También se han puesto en marcha algunas iniciativas para frenar estos fenómenos criminales en Italia. En 2011, el ordenamiento italiano reconoció por primera vez la existencia de los ‘caporali’ y, en 2016, el entonces Gobierno de centroizquierda endureció las penas contra estos personajes. “Esta misma mañana, hemos arrestado a otro, un empresario local. Lo pusimos bajo arresto domiciliario. Y otros los hemos detenido el año pasado. Es un pequeño paso adelante, logrado gracias a esa ley”, cuenta el fiscal de Cosenza, Mario Spagnuolo.

Las cifras confirman los avances obtenidos gracias a las nuevas leyes. Según el Cuerpo Nacional de Inspectores del Trabajo de Italia, desde la entrada en vigor de la legislación de 2016 hasta febrero pasado, la policía pudo identificar a más de 5.000 víctimas de explotación laboral —alrededor de 400 de ellos, en el sector de la agricultura— y fueron encontrados 360 casos de empresarios que hacían uso de esta injusta práctica. Y eso, aunque “la ley solo golpee al último eslabón del sistema. El problema es el sistema”, como insiste Vinarello.

La situación podría incluso empeorar si, como han sugerido Gian Marco Centinaio, el ministro de la Agricultura, el actual Gobierno decide eliminar la ley de 2016, sin ofrecer una alternativa legislativa válida. “La ley sobre los 'caporali' debe ser cambiada”, dijo Centinaio, en junio pasado. “En lugar de simplificar, complica”, añadió Salvini. “Si eliminan la ley sin hacer una nueva, también eliminarán el efecto de disuasión de la explotación laboral que ha producido”, razona Nino Quaranta, un campesino que también lucha para integrar a los inmigrantes de una manera legal y digna en la agricultura. Otros, sin embargo, subrayan que la implementación de la ley, tal y como es hoy, es escasa.

En revuelta
Pape mantiene lo ojos enrojecidos entrecerrados y la cabeza cabizbaja. “Espero poder juntar la suma de dinero que necesito para irme del campamento y alquilar una casa, pues donde vivo la situación es terrible”, cuenta. Se refiere al segundo campamento de San Fernando, donde hoy hace ocho años -era 2010- explotó una de las más dramáticas revueltas de jornaleros, empezada por el asesinato a tiros de dos de estos por el hijo de un capo de la Ndrangheta y que acabó en enfrentamientos entre la policía y los inmigrantes.

No ha sido el único incidente. Tan solo en junio pasado, fue asesinado Sacko Soumaila, un sindicalista maliense de 29 años que había ido a buscar chatarra para las chabolas de unos compañeros, lo que nuevamente resultó en una rebelión de inmigrantes. “La vida puede ser muy difícil por aquí”, dice Lamine, otro inmigrante de 38 años que llegó a Italia en 2012.

También en agosto fallecieron unos dieciséis temporeros que iban abarrotados en camiones conducidos por ‘caporali’ y, después de volcar el vehículo, fueron dejados durante horas sin acceso a una cama en un hospital. Fue entonces que incluso el ministro de Exteriores, Enzo Moavero, se dijo conmovido y recordó la tragedia de Marcinelle, en la que perdieron la vida en Bélgica 136 mineros italianos en los cincuenta del siglo pasado.

Sin embargo, la muestra de solidaridad del titular de Exteriores italiano no gustó a los jefes de Cámara de Diputados y Senado de la Liga, Ricardo Molinari y Massimiliano Romeo. “Moavero le está faltando al respeto a los italianos”, escribieron en una nota conjunta. “No se puede comparar a los italianos, a los que nadie regalaba nada, ni comidas, ni cenas en hoteles, a los clandestinos que cada día llegan a nuestro país. Es poco respetuoso de la verdad, de la Historia y del sentido común”, añadieron.


FUENTE: Con información de IRENE SAVIO - https://www.elconfidencial.com
 

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