viernes, 2 de noviembre de 2018

(Panamá) Contraloría y Ministerio Público abren investigación por caso Panderportes

Tanto el Ministerio Público (MP) como la Contraloría, informaron ayer que investigarán la distribución de millonarios fondos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a las partidas circuitales de diputados.
El MP informó que la documentación revelada por una investigación de La Prensa advierte de “la comisión de un delito en perjuicio del Estado”.

Mientras que la Contraloría ordenó auditar a Pandeportes, “a fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos”.

También solicitará cuentas de todos los fondos públicos que esa entidad transfirió a personas naturales y jurídicas, ligas deportivas provinciales, federaciones y organizaciones deportivas del 1 de julio de 2014 al 31 de mayo de 2017.

En tanto, Mario Pérez, director de Pandeportes, se desligó del caso. Informó que él asumió el cargo en agosto de 2017.

Exigen investigación a fondo en Pandeportes

Primero fue la Fiscalía General de Cuentas. El pasado martes 30 de octubre, un día después de que La Prensa dejara al descubierto la manera en la que millonarios fondos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) fueron a dar a federaciones y organizaciones deportivas vinculadas a diputados, esa institución solicitó una auditoría del caso.

Después se sumó el Comité Olímpico de Panamá (COP), que a través de un comunicado solicitó que se hagan todas las investigaciones del caso y que la Contraloría General de la República desarrolle las auditorías respectivas.

Paralelamente, deportistas y la sociedad civil organizada, indignados, pedían cuentas a Pandeportes, al Ejecutivo, a los diputados mencionados y a la Contraloría.

Pesquisas

Ayer, dos días después del emplazamiento de la Fiscalía de Cuentas y el COP, se pronunciaron el Ministerio Público (MP) y la Contraloría.

El MP informó que la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública por los hechos relacionados con Pandeportes. “Los hechos informados por un medio de comunicación [ La Prensa] detallan con documentación relevante de situaciones no conocidas y que advierten de la comisión de un delito en perjuicio del Estado”, anunció.

Horas después, la Contraloría dio a conocer la Resolución 1618-2018/Dinag, en la que se ordena una auditoría “de oficio” a Pandeportes para “determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos”.

Señala, además, que pedirán cuentas a Pandeportes de todos los fondos públicos que hayan sido transferidos a cualquier persona natural o jurídica, ligas deportivas provinciales, federaciones y organizaciones deportivas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de mayo de 2017.

La resolución instruye que se hagan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, lo que incluye designar peritos, recibir testimonios y efectuar inspecciones.

La investigación periodística de La Prensa dejó al descubierto que el gobierno de Juan Carlos Varela aumentó su fondo de subsidio –de $500 mil en 2013 a $14 millones en 2015– sin mejoría real para el deporte.

De esta manera, la entidad convirtió estas ayudas en una especie de partidas circuitales. En solo 34 meses –de julio de 2014 a mayo de 2017– el Gobierno entregó fondos a través de Pandeportes que superaron el total de lo distribuido a organizaciones deportivas en los 60 meses de la administración pasada, que por entonces ascendió a $9 millones, según cheques refrendados por la Contraloría.

Entre los beneficiados figuran Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Jair Peralta, ligado al diputado panameñista Adolfo Beby Valderrama; Javier Ortega, diputado del PRD; Miguel Salas, diputado panameñista, y Franz Wever, secretario general de la Asamblea.

La sociedad civil

Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, tildó de “malsana” y “antidemocrática” la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Con estos movimientos vemos la compra de voluntades políticas. Esa es una traición a todos los ciudadanos, ya que se trata de dinero que podría ir a salud, educación y seguridad”, añadió. “Todos los involucrados ya deberían estar a las órdenes del Ministerio Público”, sugirió.

Rubén Castillo, expresidente de Apede, manifestó que “es lamentable” que se utilice el deporte, actividad importante para la sociedad, con el propósito “de desviar fondos públicos”. “Es bochornoso, porque los que más sufren son los atletas.

Además, sufre la institucionalidad, porque se está engañando a la ciudadanía. Hay que sanear las costumbres públicas. (...) Hay que hacer presión ciudadana para que todos los actos donde se usen fondos públicos se hagan con transparencia”, añadió.

A juicio de Castillo, en este caso parece haber “una pobre fiscalización”, lo que significa “un problema”.

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, abogó porque el MP realice “una investigación a fondo”, para que se lleve ante las autoridades a los responsables.

Manifestó que su gremio aboga por reformas constitucionales para que los diputados se limiten a hacer lo que les corresponde: legislar.

Condenan corrupción en nombre del deporte

Atletas y dirigentes criticaron el uso que se dio a fondos públicos supuestamente destinados a la compra de implementos para ligas que no existían y que al final terminaron en manos de políticos que pertenecen a dirigencias deportivas.

Diego Castillo, Edgar Crespo y Juan Ramón Solís fueron algunos de los que alzaron su voz de protesta exigiendo que se investigue la distribución de ese dinero.

Castillo y Solís, que representan agrupaciones de atletas, coincidieron en que deben hacerse auditorías para mejorar los procesos dentro de estas agrupaciones.

Crespo pidió que se abra una investigación para conocer el destino de este dinero, ya que al final “los atletas son los más afectados”.

FUENTE: Agencias
 

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