La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso de apelación interpuesto por el procurador de la Administración, Rigoberto González, para que se revoque la admisión de la demanda que presentó la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H) contra el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).Con dicha demanda, la empresa pretende que el MIDA se pronuncie sobre la cancelación del contrato DAL-003-2012, adjudicado el 12 de marzo de 2012 para la construcción del sistema de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos, que nunca se concretó.
La apelación fue presentada por el procurador González, en su condición de abogado del Estado panameño.
En la acción legal, Hidalgo & Hidalgo, S.A. pidió declarar nulo por ilegal el silencio administrativo del MIDA, que según afirma no le ha dado respuesta a su petición de pronunciarse sobre la cancelación del contrato y, con ello, le ha conculcado sus derechos.
Tras la decisión de los magistrados de la Sala Tercera de la Corte, ahora corresponderá a las autoridades del MIDA remitir al despacho del magistrado Cecilio Cedalise –ponente de la demanda– las razones por las cuales el contrato del sistema de riego fue cancelado.
Estado pierde batalla legal en demanda de Hidalgo &Hidalgo
El Estado perdió una batalla legal en la demanda que presentó la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H) para que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se pronuncie sobre la cancelación del contrato DAL-003-2012, adjudicado el 12 de marzo de 2012 para la construcción del sistema de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos, que nunca se concretó.
En efecto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una apelación del procurador de la Administración, Rigoberto González, para que se revocara la admisión de la citada demanda.
El propio González confirmó que la Sala Tercera le notificó el pasado mes de octubre la decisión de dar apertura a la práctica de pruebas en este proceso.
Ahora corresponderá al MIDA remitir al despacho del magistrado Cecilio Cedalise –ponente de la demanda– las razones por las que el contrato fue cancelado.
En la demanda, Hidalgo & Hidalgo, S.A. pidió declarar nulo por ilegal el silencio administrativo del MIDA, que según afirma no le ha dado respuesta a su petición de pronunciarse sobre la cancelación del contrato y, con ello, le ha conculcado sus derechos.
Línea de tiempo
El MIDA finalizó este contrato en noviembre de 2015, después de que una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la empresa usó dinero otorgado por el Estado para actividades distintas a las del proyecto.
El Estado pagó al contratista $31 millones como anticipo para cubrir gastos iniciales de la obra, con un costo original de $155 millones.
Frente a esta decisión, la empresa recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que en abril de 2016 se pronunció al respecto y revocó la decisión del MIDA de suspender el contrato.
De acuerdo con ese fallo, la resolución en la que el Mida resolvió administrativamente el contrato no fue publicado en el expediente electrónico del sitio web de Panamá Compra, sino en otra parte de la página, identificada como “Lo más reciente”.
Con este fallo a su favor, la empresa Hidalgo & Hidalgo acudió ante la Sala Tercera de la CSJ, que el 26 de diciembre de 2017 –en fallo unánime de los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano y Efrén Tello (en sustitución de Luis Ramón Fábrega)– admitió la acción legal y concluyó que, en efecto, el MIDA violó un derecho a la empresa en lo relativo a su relación contractual.
En dicho fallo, los magistrados de la Sala Tercera consideraron que la violación no solo se sustentó en la conculcación de las normas civiles que se refieren a la indemnización por daños y perjuicios, sino también a la violación de normas relativas al procedimiento administrativo y a la contratación pública.
Más tarde, el 31 de mayo de 2018, el procurador González apeló la admisión de la demanda, con el argumento de que los alegatos de la empresa versan sobre presuntos daños y perjuicios derivados de los hechos relacionados con el contrato de la obra.
Y, como se dijo, la Sala Tercera rechazó la apelación.
La investigación penal
Mientras la demanda de Hidalgo & Hidalgo contra el Estado avanza, la investigación por los $31 millones otorgados para la obra sigue paralizada.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha recuperado $8 millones del total desembolsado por el Estado.
El 14 de enero de 2016, la Fiscalía Tercera Anticorrupción remitió al Órgano Judicial la vista fiscal del caso y solicitó el llamamiento a juicio de 33 personas por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
Entre los imputados están el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, y los exministros del MIDA Óscar Osorio y Emilio Kieswetter.
Además, la fiscalía pidió abrir causa criminal al excandidato a diputado de Cambio Democrático en 2014 Porfirio Ellis; al empresario Ricardo Ricky Calvo y a varios directivos de Hidalgo & Hidalgo.
A la fecha, el Juzgado Decimocuarto Penal no ha logrado realizar la audiencia preliminar del caso, debido a un amparo que está pendiente en la CSJ desde el 16 de diciembre de 2016, es decir, hace 22 meses.
El amparo se encuentra radicado en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega.
Virzi declaró a la fiscalía que era el exmandatario Ricardo Martinelli quien daba las instrucciones de cómo repartir el dinero producto del contrato para el proyecto de riego de Tonosí.
No obstante, en febrero de 2017, en un fallo que tuvo como ponente a la magistrada Ángela Russo, la CSJ no admitió abrir una investigación al expresidente Martinelli por el caso del fallido sistema de riego.
FUENTE: Agencias
