La Sala Penal de la Audiencia Nacional acaba de dar la puntilla a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo por el caso Marsans, que condenó a ambos por el vaciamiento de la empresa de viajes. El tribunal ha emitido un decreto de ejecución que ordena desliar la madeja societaria conformada por los dos para ocultar el patrimonio del primero. El escrito detalla decenas de operaciones de traspaso de viviendas, vehículos, barcos, amarres, participaciones en empresas, gimnasios y hasta naves industriales que Díaz Ferrán vendió a De Cabo a buen precio para que este último se los guardara a buen recaudo.La Audiencia Nacional, en el mismo escrito, anula esta retahíla de operaciones de compraventa con el fin de que todos los bienes entregados a De Cabo por Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual Arias —fallecido en 2012— sean devueltos a las mercantiles propiedad de estos últimos, que actualmente se encuentran en concurso. De este modo, los acreedores tendrán más posibilidades de cobrar las deudas millonarias que los condenados tenían con ellos. Tanto el expresidente de la CEOE como Pascual Arias, De Cabo y otros nueve condenados fueron declarados culpables de los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.
El decreto llega además en un momento clave, ya que Díaz Ferrán abandonó la cárcel el pasado enero, después de cumplir cinco de los 10 años a los que fue condenado por la Audiencia Nacional. El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, adelantó su salida (segundo grado con aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar la estancia en prisión individualizadamente) tras considerar que el recluso había manifestado su intención de colaborar sin retribución alguna a cambio con la Asociación Solidaria Universitaria, había mantenido un comportamiento "excelente" desde que ingresó el 5 de diciembre de 2012 y había mostrado arrepentimiento.
El decreto, que ha tardado varios meses en ser dictado por el tribunal, cierra el círculo que abrió la sentencia, emitida por conformidad después de que los condenados aceptaran los términos esgrimidos por la Fiscalía. "Deben ser rescindidos todos los contratos que fueron celebrados tanto por los acusados como por sus sociedades que colaboraron en el vaciamiento del patrimonio de Díaz Ferrán y Pascual Arias así como de los bienes de las sociedades", establece la resolución, que detalla cada uno de los bienes que ordena restaurar.
En concreto, ordena entregar a sus propietarios iniciales —entre otras— los miles de acciones de las entidades Teinver y Viajes Marsans vendidos por el ex responsable de la patronal a Posibilitumm Business, mercantil administrada por De Cabo; las participaciones de la sociedad Inversiones Grudisan que Díaz Ferrán y su familia traspasaron a esta misma Posibilitumm Business, o los tres millones de euros en títulos de Parihol Inversiones cedidos por la familia de Gonzalo Pascual también a la empresa de De Cabo.
El tribunal también ordena que un Rolls Royce modelo Phantom, un Ferrari 612 Sessanta o un Mercedes GL500 vuelvan a ser propiedad de su antiguo dueño, Inversiones Grudisan, vinculada a Díaz Ferrán. El Juzgado Central 6 ordenó el 2 de diciembre de 2010 el embargo del primer vehículo, valorado en medio millón de euros, después de que lo reclamara un acreedor, pero el empresario alegó entonces que el coche ya no era suyo, que su empresa Inversiones Grudisan lo había vendido por 232.000 euros —la mitad de su valor— seis meses antes a Munari Negocios, administrada también por De Cabo.
El Ferrari de su hijo
El Ferrari, una edición especial tasada en más de 300.000 euros, por su parte, era habitualmente utilizado por Gerardo Díaz Santamaría, el hijo del expresidente de la patronal CEOE. El vehículo fue puesto a nombre de Proezza Grupo Inversor, una transmisión que ahora desautoriza la Audiencia Nacional, que ordena devolverlo a la sociedad inicial, Inversiones Grudisan. Lo mismo decreta el tribunal en relación al mencionado Mercedes 500, que el empresario vendió a Munari Negocios por 232.000 euros y que ahora debe volver a su propiedad con objeto de hacer frente a los acreedores. Daniel Jiménez, abogado de Meliá, uno de estos reclamantes, entiende que el decreto de la Audiencia Nacional "permitirá reparar en parte el gravísimo daño que los condenados ocasionaron a multitud de perjudicados con todas esas operaciones fraudulentas".
Esta última sociedad también adquirió Gihramar, la embarcación que Díaz Ferrán trató de esconder a la Justicia modificando su nombre —inicialmente se llamaba Leugar III— y que, según estableció la Policía, llegó a valer 88 millones de euros. "El barco fue vendido a través de subasta electrónica previa autorización del Juzgado Central 6", recuerda ahora el decreto de ejecución, que añade que el dinero ingresado en la cuenta del tribunal por el último traspaso "no es óbice para declarar la nulidad de la venta" inicial con el fin de que así conste. El yate, de casi 30 metros de eslora, es de fibra de vidrio, tiene cuatro cabinas para nueve personas, seis televisores, aire acondicionado, tres baños revestidos de mármol, bar, escritorio, comedor, solárium, 'jacuzzi' y cocina equipada.
En la misma línea, el tribunal ordena devolver a las empresas de Díaz Ferrán viviendas en Madrid, en Alcobendas y en Menorca que el empresario también había traspasado a De Cabo. También establece que este último devuelva más de 60 millones de euros en solidaridad con algunas otras compañías así como diferentes chalés, viviendas, naves industriales, gimnasios, complejos deportivos, dinero en metálico, acciones de empresas y cheques bancarios.
Respecto a Díaz Ferrán, la sala establece que, al no haber abonado cuota alguna de las multas a las que fue condenado, "procede el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, lo que hace nueve meses de prisión", una pena que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional deberá incorporar a la liquidación que aún le queda por cumplir a pesar de que ahora está en segundo grado penitenciario. Sobre De Cabo, el tribunal establece que concluirá su estancia en prisión el 28 de octubre de 2019.
FUENTE: Con información de ROBERTO R. BALLESTEROS - https://www.elconfidencial.com
