La Guardia Civil ha encontrado nuevas pruebas de que el Govern de Carles Puigdemont desvió fondos públicos de los presupuestos autonómicos para financiar la creación de las estructuras de Estado de una Cataluña independiente. El Departamento de Economía y Hacienda, que dependía de Oriol Junqueras, habría gastado al menos 17 millones de euros en desarrollar las primeras fases de la futura agencia tributaria catalana, según recoge un informe del Instituto Armado del pasado 15 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial.El hallazgo, que apuntala la imputación de un delito de malversación a los líderes del 'procés' (castigado con hasta 12 años de cárcel), casi cuadruplica los 4,7 millones de euros de fondos públicos localizados hasta ahora por los investigadores en la contabilidad secreta del 1-O y de las maniobras para la desconexión. La pista que ha permitido llegar hasta esos nuevos fondos ha aparecido en un 'pendrive' incautado a Josep Lluís Salvadó, un dirigente de la máxima confianza de Junqueras que ocupó el cargo de secretario de Hacienda hasta la aplicación del 155 y que está considerado uno de los principales arquitectos de la independencia.
En esa memoria USB, se descubrió un “documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afectan, básicamente, al ámbito tributario y a la Secretaría de Hacienda”, explican los investigadores. “Si bien es cierto que algunas de las medidas se integran en la vía autonómica, son un paso intermedio para ir implantando muchas otras con el objetivo último de crear el Estado catalán y garantizar su viabilidad económica”. La demostración es que estos papeles, que no habían visto la luz hasta ahora, también incluían “una estrategia para gestionar la recaudación de los recursos necesarios para financiar las prestaciones sociales [es decir, pensiones y subsidios como el de desempleo], competencia que, actualmente, desempeña la Tesorería General de la Seguridad Social”.
Según el informe policial, el documento de Salvadó estimaba que la puesta en marcha de la agencia tributaria catalana exigiría un desembolso de 499.869.737 euros y la incorporación de 7.000 funcionarios, “y ello sin que se hubiese cuantificado el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de propiedad inmobiliaria”, claves también en la financiación de una hipotética república de Cataluña. El Ejecutivo no tuvo tiempo de invertir todos los fondos, pero “en base (…) a las cifras que se manejan en este documento” de Salvadó, “se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar se han dispuesto efectivamente”. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA - OLMOBEATRIZ PARERA - El Confidencial
