La Fiscalía Anticorrupción acusa al comisario José Villarejo de haber cobrado a los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura 1,2 millones de euros como provisión de fondos para la supuesta contratación del juez inhabilitado Baltasar Garzón dentro del encargo que desarrolló el policía jubilado para los dos hermanos propietarios del Grupo Pérez y Cía SL, destinado a frenar una investigación judicial abierta en Guatemala y su extradición a este país.Así consta en la querella del Ministerio Público por estos hechos, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Anticorrupción ya ha acreditado que esa cantidad superior al millón llegó a las cuentas del comisario, pero aún está investigando si los fondos fueron efectivamente trasvasados al antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. La investigación, que se enmarca dentro de la pieza del caso Villarejo bautizada como Pit, desembocó la pasada semana en la detención de dos empresarios y otras tres personas, entre ellas el industrial Adrián de la Joya. Todos ellos quedaron libres tras declarar durante más de 14 horas ante el juez Manuel García-Castellón.
Los vínculos comerciales entre los navieros multimillonarios y el comisario jubilado arrancaron en abril de 2016 después de que las autoridades guatemaltecas implicaran a los Pérez-Maura en un escándalo empresarial. La Fiscalía especial contra la corrupción del país (Cicig) lanzó un operativo tras descubrir que la naviera había pagado presuntamente 30 millones de dólares en sobornos al expresidente del Gobierno Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para asegurarse la adjudicación del contrato de construcción y gestión de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal, un punto clave en la costa del Pacífico.
La posibilidad de acabar encarcelados en el país sudamericano les empujó a contratar al comisario, con el que firmaron un primer contrato el 28 de abril de 2016. En nombre de Villarejo, su principal socio Rafael Redondo representaba a Cenyt, una de las compañías instrumentales del policía. El concepto no dejaba lugar a dudas: "Prestación de servicios de análisis de información e inteligencia de España, Estados Unidos y Guatemala" por la "crisis reputacional" de Pérez y Cía SL. Ese mismo 28 de abril, Álvaro Pérez-Maura y Redondo firmaron un segundo contrato en que figura como pantalla otra de las empresas del comisario, Stuart & Mckenzie. En este caso, el encargo era la "defensa de los derechos jurisdiccionales" de la compañía. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de JOSÉ MARÍA OLMO - BEATRIZ PARERA - El Confidencial
