Garzón se sentará este martes en el banquillo del TS, que lo acusa de un delito de prevaricación por declararse competente para investigar los más de 100 mil desaparecidos en ese período, sin supuestamente tener jurisdicción para hacerlo.
Como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, el conocido magistrado se declaró en 2008 apto para indagar esas desapariciones, tras las denuncias presentadas por numerosas asociaciones de familiares de las víctimas del franquismo.
En su auto, atribuyó a Franco y a otros 34 jefes la rebelión contra el Gobierno de la República en 1936 un plan de exterminio sistemático de sus oponentes, y denunció que los hechos no habían sido investigados nunca por la justicia española.
Por esa causa, Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación formulada por la acusación popular, que ejercen de manera conjunta el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
A juicio de los querellantes, el juez sabía que no tenía competencia para juzgar los acontecimientos mencionados e ignoró la Ley de Amnistía decretada en 1977 para esos crímenes.
Sin embargo, el célebre y controvertido juez considera dichas desapariciones forzosas como delitos de carácter imprescriptible, en el marco de crímenes contra la humanidad.
Frente a las imputaciones, tanto la defensa de Garzón, que estará representado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, como la Fiscalía pedirán su absolución, al considerar que no cometió delito alguno.
La sesión de hoy estará dedicada a la exposición de las cuestiones previas que aleguen las partes.
El juicio continuará el venidero martes con la declaración del acusado, al que seguirán, hasta mediados de febrero, los más de 20 testigos de la defensa, principalmente familiares de las víctimas.
Una vez escuchados los testigos, habrá que esperar hasta finales de marzo o abril para conocer la sentencia del tribunal de última instancia.
Este no es el único sumario que puede acabar con la carrera judicial de Garzón, quien ganó notoriedad internacional por sus intentos de procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet.
La semana pasada fue juzgado en el TS por haber ordenado espiar las conversaciones telefónicas entre los jefes de la sonada red de corrupción Gürtel y sus abogados, que salpicó a principios de 2009 a altos cargos del conservador Partido Popular, ahora en el poder.
Sobre él pesa, además, una tercera causa, referida a unos supuestos pagos que recibió del Banco Santander para patrocinar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante el 2005 y 2006.
Asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y a favor de la recuperación de la memoria histórica se concentrarán este martes frente a la sede del alto tribunal para brindar su apoyo al magistrado y denunciar lo que califican de complot político en su contra.
FUENTE: Prensa Latina- Aporrea.org
