El secretario general del gobierno chileno, Andrés Chadwick, anunció el domingo tras una reunión con el mandatario Sebastián Piñera y el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, que el comité político analiza la posibilidad de imponer Ley de Seguridad de Estado en Aysén para frenar la ola de descontento que sacude a la región desde el pasado 14 de febrero.
De acuerdo a Chadwick, las querellas contra los dirigentes del movimiento de protesta ya están redactadas y las sanciones oscilan entre tres y diez años de cárcel, reseñó el diario La Tercera.
Unas horas antes de la reunión en Santiago, en Aysén, los representantes del movimiento presentaron un texto de siete puntos en el que se reitera que los piquetes continuarán y que el bloqueo a los vehículos de carga liviana será parcial.
Exigieron una propuesta oficial sobre la demanda por la rebaja del precio del combustible como condición para restablecer la mesa de trabajao que se congeló tras la visita del titular de Energía a la zona.
"La situación actual no es responsabilidad de los habitantes de la región de Aysén, sino de un gobierno que no ha querido escuchar el clamor de los 100 mil niños, jóvenes, hombres y mujeres, que han planteado 11 demandas concretas que recogen las más sentidas e históricas aspiraciones de la Patagonia", dijo el vocero Iván Fuentes.
El petitorio inicial de los manifestantes era de diez puntos: además de la rebaja del combustible y el incremento de la inversión en el sistema de salud pública, los ayseninos reclaman un sueldo mínimo regionalizado, la creación de una Universidad, una consulta popular sobre la construcción de una represa, protección para la pesca artesanal ante el avance de la pesca de arrastre, la rebaja del costo de la canasta básica, la creación de rutas de acceso para campesinos y regionalización de las pensiones para adultos mayores.
FUENTE: AVN
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