El Gobierno de Perú investiga las tres muertes registradas durante enfrentamientos entre la Policía Nacional y mineros ilegales armados en el departamento Madre de Dios.
Las víctimas fueron Carlos Lanci Yumbato, de 46 años de edad; Julio Ticona Medina, de 31, y Francisco Areque Jipa, de 35. Mientras que otros 38 civiles y 17 policías resultaron heridos.
"El Gobierno del Perú hace suyo el repudio de la población de Madre de Dios, que rechaza las protestas violentas de los mineros ilegales", expresa un comunicado del Ejecutivo difundido este jueves por la prensa local.
En rueda de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial, Óscar Valdés, reiteró que, a pesar de lo sucedido en las últimas horas, el Gobierno peruano se mantendrá firme en la lucha contra la minería ilegal.
Subrayó la diferencia entre la minería ilegal y la informal y recordó que la primera acarrea la "trata de personas, esclavitud de niños, deforestación", además de ser el principal negocio de las mafias en el departamento ubicado en el sureste del país.
"Nosotros no vamos a retroceder. Nosotros ya hemos demostrado que vamos actuar con mucha firmeza y lo venimos haciendo, ya hemos hecho una serie de operaciones en Madre de Dios, hemos destruido dragas, motobombas y vamos a continuar", agregó.
Explicó que los promotores de la minería ilegal no son los pobladores más pobres sino, al contrario, organizaciones delictivas que "ganan mucho dinero por no pagar impuestos e inclusive por favorecerse de exoneraciones al precio de los combustibles, vigente en la zona de selva", reseñó la agencia Andina.
Por su parte, el defensor adjunto para la Prevención de Conflictos, Rolando Luque, manifestó que "las medidas para fiscalizar, penalizar, supervisar, como las medidas de interdicción (...), son tareas de Estado que están dentro del marco de la ley".
Los mineros ilegales exigen al Gobierno de Ollanta Humala que derogue los decretos firmados para combatir la actividad ilícita que afecta a 21 departamentos del país.
El ministro Valdés dijo que se llevarán adelante dos mesas de trabajo: una para combatir la ilegalidad y la otra para apoyar la reinserción social de "todos aquellos que han sido explotados".
FUENTE: AVN
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