Los Servicios de Emergencia informaron que un manifestante se encuentra en estado grave, tras sufrir una lesión medular, mientras el resto de los heridos presenta golpes o contusiones, reseñó Telesur.
La manifestación fue convocada por la plataforma 25-S Rodea el Congreso, a través de las redes sociales.
Los indignados tenían como objetivo entregar una carta a los diputados para exigir un proceso constituyente en el país, que genere profundos cambios políticos inmediatos y parar la ola de recortes que la administración del presidente Mariano Rajoy ha aplicado en los últimos nueve meses.
“Los delincuentes están al otro lado” (señalando hacia el Congreso), “es una mafia, no es democracia” y “el pueblo unido jamás será vencido” eran algunas de las consignas que coreaban los asistentes, cita Telesur.
Imágenes transmitidas por Telesur y Rusia Today TV (RT) mostraron la represión policial. Los uniformados continuaban pegándole a las personas incluso cuando se encontraban en el suelo.
En la manifestación participaron, según la policía, 6.000 personas, no obstante, los organizadores señalaron que asistieron alrededor de 20.000 indignados.
Para hacer frente a este número de personas, el Congreso de Diputados fue blindado con unos 1.300 antidisturbios. Trabajan en el área 30 de los 52 grupos operativos de las unidades de Intervención Policial (UIP) de toda España.
La represión se produjo mientras el presidente Rajoy se encuentra en Nueva York, donde participa del 67 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este jueves 27 se prevé que el Gobierno español anuncie un nuevo plan de reformas y ajustes, negociado con la Unión Europea, con el objetivo de cumplir ciertas exigencias si en un futuro necesita recibir un rescate financiero, similar al otorgado a Grecia, Irlanda y Portugal.
Estas políticas se sumarán a las medidas aplicadas que incluyen el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reducción a 50% de la tasa de reposición de la prestación por desempleo, a partir del sexto mes de paro, la eliminación del bono de navidad a funcionarios y altos cargos, además de la privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.
A esto se le suman 10.000 millones de euros recortados a la educación y la salud. Todas estas medidas tienen como objetivo reducir 65.000 millones de euros en dos años.
Mientras se aplican estas políticas, unas 400.000 familias se encuentran sin hogares, debido a los desalojos que se han venido aplicando desde 2008, y el desempleo sigue en aumento. En agosto pasado 38.179 personas más se quedaron sin empleo, elevando la tasa a casi 25% de desocupados en el país.
FUENTE: AVN
