La mayor parte de los sindicados por decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, al frente de esa instancia, son de origen asiático y con la medida se prevé impedir que salgan del país, para que comparezcan ante la justicia.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) aseguraron que poseen escuchas telefónicas y pólizas alteradas como evidencias contra los nuevos implicados en este caso.
Entre los importadores arraigados hay representantes legales de medianas y grandes empresas que realizaron pagos ilegales a funcionarios de Gobierno para agilizar el ingreso por las aduanas de mercaderías importadas.
La titular del MP, Thelma Aldana, precisó a periodistas que aunque por ahora sólo son 50 los señalados el número total de involucrados en delitos de cohecho activo y defraudación aduanera asciende a mil 500 y que todos serán citados por grupos a declarar ante la justicia.
Advirtió que de no presentarse a las citaciones, estos serán capturados.
Datos ofrecidos por las autoridades sugieren que los mencionados se beneficiaron de las irregularidades en las aduanas desde mayo de 2014.
La Línea es un caso de corrupción que remeció a este país desde el 16 de abril de 2015, luego que la Cicig denunciara la implicación de altos funcionarios del Gobierno en una sofisticada red de contrabando en las aduanas, presuntamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y su vicetitular Roxana Baldetti.
Ambas autoridades tuvieron que renunciar frente al reforzamiento de las protestas ciudadanas y permanecen recluidos, en espera de la vista pública programada para definir con respecto a sus situaciones.
Este miércoles trascendió, además, que tanto Pérez Molina como Baldetti son sospechosos de lavado de dinero en El Salvador a través del exsecretario privado de la segunda, Juan Carlos Monzón, también sometido a proceso judicial en este país.
| FUENTE: Con información de Prensa Latina |
