AEI emergió del colapso de Enron, después de que un grupo de inversión con sede en las Islas Caimán, llamado Ashmore Energy International, compró en 2006 los activos internacionales del gigante en bancarrota. Hoy en día, la empresa de propiedad privada opera con tuberías y generadores de electricidad en lugares como Brasil y Perú. Uno de sus mayores proyectos es en Guatemala, donde su filial, la Jaguar Energy Guatemala, es la propietaria de una planta de energía de 300 megavatios, ubicada en la costa occidental del país. De acuerdo a los archivos SEC (N. del T.: Comisión de Valores de EEUU, SEC por sus siglas en inglés) de AEI, Jaguar Energy Guatemala está legalmente constituida en Delaware.
El portal web de la empresa de Jaguar Energy reseña que es "la mayor inversión privada" en la historia del sector eléctrico de Guatemala, con 900 millones de inversión; ese logro histórico, sin embargo, no es barato: los fiscales dicen que Jaguar Energy participó en un esquema de tráfico de influencia para obtener información privilegiada y favorecer a los funcionarios guatemaltecos de alto nivel. Igualmente, la filial enfrenta acusaciones por pagar para obtener reuniones con el ex presidente del país, Otto Pérez Molina.
Las acusaciones contra Jaguar son parte de una investigación apoyada por Naciones Unidas sin precedentes en la corrupción política guatemalteca. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la fiscalía con la autoridad que le confiere la legislación guatemalteca y el respaldo de la ONU, está liderando el esfuerzo. Con una agresividad sorprendente y gran éxito, se está reintroduciendo la rendición de cuentas en un sistema de gobierno plagado de clientelismo e impunidad. A principios de septiembre, gracias al trabajo de la comisión, el presidente Pérez Molina, seguido de su secretario privado, el ministro de Minería y su vicepresidente fueron llevados a la cárcel tras renunciar a sus cargos. Se les acusa de haber participado en una vasta conspiración criminal para defraudar al sistema aduanero del país. Mientras tanto el ex presidente, su secretario y el ministro de minería, están siendo acusados de aceptar sobornos y tráfico de influencia, provenientes de varias compañías, incluyendo Jaguar Energy.
Jaguar fue sólo un jugador en un caso entre muchos que la CICIG ha adelantado en su guerra contra la corrupción. Pero los crímenes alegados contra la compañía ayudaron a derribar a uno de los asesores más cercanos del presidente de Guatemala, así como a un ex ministro del gabinete. En el proceso, sus fechorías jugaron un papel clave en el derrumbe histórico de la administración de Pérez Molina, aunque el propio presidente no estaba implicado en el caso. Su caída llegó más tarde y, en una nación donde los presidentes, generales y sus amigos viven por encima de la ley, este proceso fue histórico.
Hasta ahora los empleados de Jaguar en Guatemala han evitado la detención, aunque al menos uno está siendo acusado por conspiración. La gran pregunta ahora es si la filial, sus empleados o su empresa matriz, AEI, se enfrentarán a una investigación criminal en Estados Unidos como resultado de las acusaciones formuladas contra esa compañía. Algo que debería ocurrir, en virtud de lo que contempla la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU (N. del T.: FCPA, por sus siglas en inglés).
Los problemas de Jaguar Energy comenzaron en julio, cuando los fiscales locales y los investigadores CICIG acusaron a un empleado de alto nivel de la empresa, Rafael Ernesto Córdova, por "asociación ilícita" o conspiración. De acuerdo con informes de la prensa guatemalteca, Córdova es un ciudadano estadounidense con una larga historia de trabajo para las subsidiarias de AEI. Jaguar Energy, bajo la dirección de Córdova, es acusada de haber transferido 120 mil dólares durante más de seis meses para una serie de intermediarios antes de que terminara en la cuenta de la secretaria privada del presidente guatemalteco y de su yerno, Gustavo Adolfo Martínez. El dinero fue pagado a cambio de favores gubernamentales. Por ejemplo, los fiscales dicen que Jaguar Energy utilizó su influencia comprando a Martínez, para que éste les consiguiera reuniones con el presidente, así como información privilegiada de altos funcionarios del gobierno acerca de asuntos de inmigración y de temas de regulaciones financieras. En un caso, de acuerdo con la CICIG, esta compañía utilizó su influencia para tratar de bloquear el ingreso de un diplomático chino al país, quien tenía como objetivo visitar a un grupo de empleados chinos que tenían un conflicto laboral con la empresa. En otro caso se constató que utilizó sus conexiones para tratar de retrasar el pago de las tarifas portuarias en Guatemala.
A través del uso de intercepciones telefónicas, pruebas fotográficas y otros métodos, los fiscales invirtieron meses para desentrañar la complicada red de relaciones personales y la remuneración económica que permitieron que esta estafa tuviera gran influencia. Durante la conferencia de prensa realizada en julio para el anuncio de los primeros arrestos en el caso de Jaguar, el comisario Iván Velásquez describió el régimen de pago.
"Naturalmente el señor Córdova no podía pagar al señor Martínez directamente", detalló Velásquez. En cambio, explicó que una mujer llamada Karen Cancinos sirvió como un "intermediario para recibir el dinero a través de un contrato de consultoría ficticia con Jaguar Energy." La compañía pagó seis cuotas de 20 mil dólares entre junio de 2014 y enero de 2015, dijo Velásquez, a pesar de que ella no le hubiese prestado ninguna asesoría de servicios a la compañía. Cancinos está acusada de canalizar el dinero hacia el principal organizador del esquema de Jaguar: César Augusto Medina. Posteriormente, Medina partía una porción del dinero supuestamente hacia Martínez y el resto se distribuía en los mandos superiores del gobierno de Guatemala.
Martínez, Medina y Cancinos han estado en la cárcel desde julio. Julia Barrera, portavoz de la Oficina del Procurador General de Guatemala, confirmó que existe una orden de captura activa contra Ernesto Córdova. Sin embargo, él aún no ha sido detenido, y Barrera señaló que no podía confirmar si él aún permanece en Guatemala.
A pesar de la participación de un ciudadano estadounidense en este caso, y a pesar del papel central de una filial registrada en Estados Unidos cuya casa matriz se gestiona fuera de Houston, ni Córdova ni Jaguar Energy ha recibido una cobertura sustancial de la prensa estadounidense. Estas prácticas corruptas de la compañía han sido eclipsadas, en gran parte, por la fanfarria que rodea la renuncia del presidente de Guatemala y su posterior encarcelamiento en septiembre. AEI, por su parte, se ha mantenido hermética sobre las acusaciones contra su filial. Ni ésta ni Jaguar Energy Guatemala responderían a las solicitudes de comentarios.
Si Ernesto Córdova participó en la conspiración de que se le acusa, tanto él como su empleador, así como AEI y sus afiliados, podría enfrentarse a una investigación penal en Estados Unidos. De acuerdo con los principios federales de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU, tanto las compañías como los ciudadanos estadounidenses, tienen terminantemente prohibido participar en sobornos y otros tipos de esquemas corruptos destinados a influir en los funcionarios extranjeros. Las sanciones por violar la ley incluyen penas de cárcel y fuertes multas.
La evidencia es convincente. A pesar de su complicada estructura corporativa, la gestión de AEI opera desde Houston, Texas, muchos de los miembros de la junta, ejecutivos y altos directivos son ciudadanos estadounidenses, y en efecto un empleado de su compañía filial, está hasta el cuello involucrado en el escándalo de corrupción en Guatemala. Matteson Ellis, abogado y experto FCPA de la firma Miller & Chevalier, dice que este tipo de casos a menudo atrae el interés del Departamento de Justicia.
"Es seguro asumir", dice, "que las autoridades estadounidenses estarían llevando a cabo una investigación".
Si el Departamento de Justicia ya ha empezado a indagar en la materia, es una pregunta abierta.
"Como cuestión de política", escribió el portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, en un e-mail, "el Departamento de Justicia en general, ni confirma ni niega si un asunto está bajo investigación".
En cualquier caso, los estadounidenses han vuelto a jugar un papel en la desintegración de un gobierno de Guatemala. Esta vez, sin embargo, la justicia podría prevalecer.
*Jimmy Tobias es un periodista independiente que escribe sobre la extinción, la extracción y la justicia ambiental.
*Este artículo fue realizado con asistencia del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos.
-Traducido por Verónica Morales
-Fuente: The Nation
-Original en inglés: What Was an Enron Spinoff Doing in the Middle of Guatemala’s Corruption Scandal?
| FUENTE: Jimmy Tobias - AVN |
