La Navidad sin presos políticos no pudo ser una realidad debido a la sed de venganza del gobierno actual, opinaron abogados, analistas y familiares de los detenidos por presuntos casos de corrupción.Aunque la lista inicial se ha reducido, varios funcionarios y colaboradores de la pasada administración continúan tras las rejas sin que se haya probado su culpabilidad y con medidas cautelares que muchos consideran abusivas.
En este sentido, el exprocurador Rogelio Cruz, quien ha actuado como defensor del expresidente Ricardo Martinelli, comentó que ninguna de las causas en contra de su cliente ni de los demás colaboradores de su gobierno están apegadas a la ley.
"Los procesos abiertos contra Martinelli están alejados de la ley porque lo que han dicho de él no constituye delito; están investigando una conducta de él que no es delictiva", sostuvo Cruz.
Hay otros casos como, por ejemplo, el de Riccardo Francolini y Jayson Pastor, expresidente de la junta directiva y el exgerente general de la Caja de Ahorros, que llevan 74 y 57 días presos, respectivamente.
Ambos están detenidos por participar de un préstamo de $9 millones que ya fue saldado y que, además, generó más de 1 millón de dólares en intereses al Estado.
Pero, según el analista político Juan Carlos Tapia, eso no es impedimento para que la justicia actúe de forma amañada.
"Estos dos casos se le van a caer al Ministerio Público por violar el debido proceso... parece un tema de persecución y no un asunto de justicia", comentó Tapia, recientemente, en su programa Lo Mejor del Boxeo.
Igual opinión sostiene el jurista Silvio Guerra, un abogado con una vasta trayectoria en materia penal.
Su criterio es que el caso de Pastor, Francolini y el de Gustavo Pérez se desvanecerá en los tribunales por no haber pruebas reales en contra de ellos.
"No se puede conjeturar el delito creando procesos sin fundamentos probatorios o sin contar con una teoría de la vinculación de una persona con un caso".
Otra fuente consultada fue el constitucionalista Ernesto Cedeño.
Más allá de la parte legal, argumenta que en los procesos de Pastor, Francolini o Pérez se violan sus derechos humanos por otorgarles detención preventiva contra toda norma jurídica.
"El Código Judicial es claro; dice que los acusados pueden ser detenidos cuando exista la posibilidad de destruir pruebas, cuando puedan escapar o cuando puedan atentar con su vida o la de terceros; y ninguna de estas situaciones es el caso de estos tres señores", indicó Cedeño.
Al respecto, Marta Linares de Martinelli, ex primera dama y miembro fundadora del Movimiento SOS Panamá, dijo que el presidente es quien ordena a la procuradora todas esas detenciones y que este ha descuidado los temas sociales del país por dedicarse a perseguir a Cambio Democrático.
Ante todo este panorama, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, manifestó que los funcionarios del Gobierno Nacional deben poner en práctica el perdón.
Añadió que los gobiernos no son elegidos para perseguir, sino para ayudar a los más pobres.
FUENTE: José Alberto Chacón - http://panamaamerica.com.pa
