Cancelar las concesiones hidroeléctricas -frente a la constante alza del precio del petróleo- conllevaría un incremento tarifario de hasta un 30% en la facturación, informó el secretario de Energía, Juan Manuel Urriola.
“Condenaríamos al país a la generación de energía térmica”, agregó, por su parte, el administrador de Turismo, Salomón Shamah.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reiteró que el Gobierno cumplió con el acuerdo de San Félix y aclaró que la nueva propuesta de los grupos indígenas – que plantea la cancelación de todas las concesiones hidroeléctricas- no fue incluida en el acuerdo pactado en febrero de 2011.
Los ministros José Raúl Mulino (Seguridad) y Jorge Ricardo Fábrega (Gobierno) presentaron un balance de la situación y explicaron todas las acciones ejecutadas por el Gobierno para iniciar el diálogo con los grupos indígenas.
La Primera Dama, Marta Linares de Martinelli, quien también participó de la reunión, recordó que este es el primer Gobierno que por medio de una ley prohíbe la minería y reiteró el llamado a la cordura y a mantener las puertas abiertas para dialogar con los grupos indígenas.
La suspensión de la concesiones hidroeléctricas –tal y como lo plantean los grupos indígenas- obligaría al Estado a incurrir en sobrecostos anuales de alrededor de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética a través de plantas de generación térmica utilizando Bunker C como combustible.
Representantes de gremios de abogados, comerciantes, industriales, dueños de medios de comunicación, de la Cámara Minera, sindicalistas, productores, del sector turismo, hotelero, bienes raíces, entre otros, atendieron el llamado de asistencia a la reunión realizada en la Salón Paz del Palacio de las Garzas.
Los representantes convocados concordaron con la posición del Gabinete de no dejar al país sin desarrollo hidroeléctrico.
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