Los ex apoderados de la entidad, quienes ya habían cumplido una pena por el asesinato de sus padres en los ochenta, fueron detenidos junto a un socio de Sergio, Alejandro Gotkin, a casi un año del estallido del escándalo de corrupción.
El mayor de los hermanos Schoklender está acusado de ser el "jefe", mientras que Pablo y Gotkin serían los "organizadores" de una asociación ilícita, que malversó fondos que habían sido asignados para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos de la Fundación.
Sergio Schoklender quedó detenido en el penal de Ezeiza tras ser convocado a prestar declaración indagatoria al juzgado de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py.
En la audiencia, el ex apoderado escuchó la imputación por los delitos de asociación ilícita, defraudación y lavado de dinero que abarcó 175 carillas.
Pese a que al entrar dijo que estaba dispuesto a responder todas las preguntas, decidió negarse a declarar por considerar que la acusación que había hecho el fiscal en diciembre fue modificada, aunque dijo que en el futuro lo hará.
En su resolución, el magistrado lo identificó como jefe de un grupo integrado por tres o más personas que incluirían a su hermano y a Gotkin.
El contador Gotkin figuró como socio de Schoklender en Meldorek, la constructora contratada por la Fundación para la construcción de viviendas sociales.
Según Oyarbide, esa asociación ilícita funcionó entre 2005, fecha con la cual se constituyó la entidad, y el 30 de mayo de 2011, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó la denuncia tras el estallido de un escándalo mediático.
La detención -según confiaron las fuentes- fue ordenada porque Oyarbide considera que existe el peligro de que Schoklender entorpezca la investigación.
Lo mismo pesa sobre su hermano Pablo y Gotkin, quienes debían presentarse a declarar el jueves y el próximo 24 respectivamente.
Gotkin fue detenido en su casa de la calle Conde, en Capital Federal, en tanto que Pablo Schoklender se presentó en la Comisaría 23ª de Gurruchaga y Santa Fe de esta capital.
En esta primera tanta de indagatorias aún queda pendientes las convocatorias de Alejandra Bonafini, hija de Hebe, para el 31; la de Viviana Sala (ex esposa de Sergio Schoklender), para el 24; las de Daniel Laurenti (ex presidente de la constructora Meldorek) y el piloto Gustavo Serventich para el 29, entre otras.
Al menos en esta primera etapa de indagatorias el juez no convocó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, ni lo solicitó el fiscal Di Lello.
A Sergio Schoklender, el juez le reprochó "irregularidades" en las obras realizadas en el programa "Sueños Compartidos".
Precisó que hubo un "manejo irregular de las distintas cuentas de la Fundación a los fines de desviar sumas de dinero entregadas por los estados Nacional, de la Ciudad y las provincias y las cuales habrían sido destinadas a personas y/o empresas vinculadas que no habrían realizado contraprestación alguna".
También lo acusó de cobrar en septiembre de 2009 un cheque por 350.000 pesos "a los cuales habría asignado un destino diferente al dado" en una cuenta en la que se registraron dos depósitos en efectivo por 595.000 pesos.
En esa misma cuenta bancaria, el juez detectó otra gran cantidad de depósitos y el desvío de fondos de la Fundación mediante transferencias a una cuenta de su hermano Pablo en el Banco Credicoop Cooperativa Ltda por unos seis millones de pesos.
Al mayor de los Schoklender se lo acusa del manejo irregular de cuentas que la Fundación tiene en los bancos Credicoop Cooperativa, Ciudad, y Provincia.
En otro de los párrafos de la imputación, el juez lo acusó del desvío de dinero a financieras en las cuales se cambiaba los cheques en efectivo, "a los fines de evadir impuestos y/o posibilitar el cobro del dinero, sin que se pueda justificar financieramente las operaciones".
"Se le imputa al nombrado la falta de pago de las retenciones hechas a los empleados de la Fundación; haber tenido personal no declarado en las obras; la falta de pagos de los aportes patronales y cargas sociales de dichos empleados, con el consecuente desvío del dinero que debía ser destinado a ese fin", añadió el juez en la acusación.
También le endilgó la compra de 12 lotes con fondos de la Fundación en José C. Paz por un total de 95 mil dólares, y en Marcos Paz, donde adquirió otros cuatro lotes por 65.000 dólares.
Asimismo, se descubrió la compra de terrenos en la localidad de Barranqueras, en Chaco, en Misiones; en Tartagal, y la ciudad de Salta; y la adquisición de una embarcación Aragorn Matrícula Rey 040073 que luego fue entregada como parte de pago junto con 20 mil dólares para cambiarlo por otra (Nativo Matrículo Rey).
"No se puede descartar que los fondos mediante los cuales se adquirieron dichas embarcaciones correspondan a fondos públicos que habrían ingresado a la Fundación", sostuvo Oyarbide.
En cuanto a la compra de terrenos, el juez acusó al mayor de los Schoklender de pagar indemnizaciones a los ocupantes de terrenos que él quería desocupar para construir viviendas.
Según Oyarbide, por medio de la firma Meldorek, la constructora contratada por la Fundación y en la cual Schoklender era director, se desviaron fondos públicos a cuentas bancarias o bien se compraron todo tipo de bienes.
Por último, el magistrado le atribuyó irregularidades en el manejo de unos 150 millones de pesos que el Estado destinó para la construcción de unas 780 viviendas en el predio ubicado en avenida Castañares y General Paz, la más grande que hizo la Fundación, destinada a los vecinos de la "Villa Cartón" la cual sufrió un grave incendio que arrasó con las casillas.
FUENTE: http://www.cadena3.com
