Mauricio Cort, abogado condenado a 48 meses de prisión en las investigaciones por el pago de sobornos de la constructora Odebrecht en Panamá, logró que se le otorgara un reemplazo de pena de 200 días multa a razón de $250 diarios.La fiscalía Especial Anticorrupción, representada por la fiscal Tania Sterling, alcanzó un acuerdo de pena con Cort a finales de noviembre de 2018. El Ministerio Público, según consta en un documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, convenía que no presentaría cargos distintos a los de la imputación en cuestión, ni derivados de la misma.
Los cargos de la fiscal Sterling contra el abogado se resumían en delitos de blanqueo de capitales por mantener cuentas en Banca Privada de Andorra que serían empleadas para pagar sobornos a funcionarios panameños.
Las sociedades Cort Business Brokers & Consultors Inc., Arados de Plata, Neecel Corp y Fundación MCJJ eran las receptoras de las transacciones, según las investigaciones. Cort Business Brokers & Consultors Inc. recibió $7.4 millones de sociedades vinculadas a Odebrecht.
En el acuerdo con la fiscalía también se estableció que la sociedad Arados de Plata, propiedad de Cort, recibió $3.4 millones en noviembre de 2012, dinero supuestamente relacionado a los servicios prestados por el abogado para que la constructora FCC se adjudicara obras en Panamá.
A finales de junio de este año, Cort fue detenido de manera preventiva por el supuesto pago de comisiones, a través de la misma sociedad anónima, para la adjudicación del proyecto Corredor Vía Brasil. Por lo que la defensa del abogado alega que el Ministerio Público incumple el acuerdo de pena al que se había comprometido con el acusado, tal como ocurrió con el empresario Raúl de Saint Malo, quien se declaró culpable de delitos de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht para optar por reemplazar la pena de prisión de 60 meses por trabajo comunitario.
Cort también era un enlace entre funcionarios panameños y FCC para que ganara proyectos de infraestructura pública a través de supuestos sobornos del 10%.
El abogado realizó numerosas gestiones para la constructora, particularmente dentro del Ministerio de Obras Públicas, entre 2009 y 2014. Por facilitar el acceso a las obras, Cort recibiría una retribución del 4% de la obra, según el diario El País de España.
Cort mantenía un contrato de trabajo con la empresa española a través de la sociedad Arados del Plata S.A. Las gestiones permitieron que la empresa se adjudicara obras del Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas ($142 millones), de la sede del Tribunal Electoral ($31 millones) y la rehabilitación del Puente Centenario ($29 millones) en el mismo periodo.
FCC también construyó el Corredor Vía Brasil (tramos I y II a un costo de $306 millones), obras que fueron objeto de sobreprecios, según auditorías de la Contraloría General de la República.
A la empresa española, además, se le adjudicó la Ciudad Hospitalaria ($517 millones) en octubre de 2011. Y, en asociación con la constructora brasileña Odebrecht, se encargó de construir las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ($4,000 millones) en los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
Información a la que ha tenido acceso La Estrella de Panamá indica que un representante de la empresa FCC se conoció con el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, el expresidente Ricardo Martinelli y el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela en Santo Domingo, República Dominicana, en una reunión en la casa de un empresario, semanas o posiblemente meses antes de que ganaran las elecciones en alianza. Era una reunión sencilla donde la constructora hizo gala de su presencia en Panamá, en la que también participaron otras empresas del sector hotelero.
Otra obra que se ganó fue el acceso al cauce del Pacífico del Canal de Panamá ($206), en consorcio con otras dos constructoras.
La Estrella de Panamá conoció que la empresa intentaría alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades panameñas en las próximas semanas. La información que trascendió al medio es que las autoridades judiciales barajan aplicarle una multa de $20 millones a la empresa que ha contratado obras por más de mil millones.
Otro punto a establecer en el acuerdo sería levantar los cargos a la constructora después de alcanzado el acuerdo para seguir operando en el país.
La Estrella de Panamá intento, sin éxito, contactar a la abogada Marjorie Wells de Mejía, quien estaría representando a la empresa española en el proceso, para conocer su postura del tema. En dos ocasiones, este medio se comunicó con el bufete donde labora la abogada, se dejó mensajes indicando la intención de conocer una postura, pero al cierre de la edición no se recibió una respuesta.
En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público indicó que no ha realizado acuerdo con esta empresa.
Los acuerdos de colaboración con empresas que han participado en actos de corrupción no son vistos con buenos ojos por la sociedad.
“(Los acuerdos) no son fiables, pero aparte no han dejado buenos resultados. No creemos en los acuerdos”, señaló el abogado Ernesto Cedeño, quien explicó que por la investigación de Odebrecht solo hay una persona detenida: Raúl de Saint Malo.
Cedeño considera que la “confidencialidad” con la que las autoridades llevan los acuerdos despierta “malicia” en el manejo del proceso. Por último, recalcó que debe existir una legislación que impida que las empresas confesas de actos de corrupción continúen contratando con el Estado.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal expresó que el Ministerio Público elude sus funciones y apadrina actos delictivos de personas del pasado y del presente gobierno a los que interesa proteger.
Bernal hace referencia a que la investigación contra la empresa está relacionada a un periodo presidencial, el de Martinelli. Pero, la empresa no solo ganó contratos en esta administración de gobierno.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, destacó que los acuerdos de pena y de colaboración eficaz son objeto de críticas ciudadanas por la poca comunicación que existe sobre los temas que son negociados. “Vale la pena revisar la legislación que regula los acuerdos para que sea adecuada y se permita la publicidad de los mismos”, señaló el presidente del gremio de juristas.
Araúz indicó que la mayor duda de la sociedad sobre los acuerdos de pena y colaboración eficaz está relacionada a la información que aporta la empresa acusada de corrupción y si merece este tipo de beneficio.
FUENTE: Con información de Marlene Testa - La Estrella de Panamá
