El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que funcionarios públicos mexicanos apoyaron de manera "directa o indirecta" en la desaparición de civiles durante la denominada "guerra sucia" contra el narcotráfico.
El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, conformado por tres expertos independientes, señala que "el Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos", reseñó Telesur.
La investigación plantea que "la participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país", y junto a los "grupos del crimen organizado", han causado la muerte a un total de 346 personas en 2010 y alrededor de 3.000 a partir de 2006, publicó AFP.
Agrega que hubo "detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares"; además "personal militar habría interrogado a personas detenidas", a veces "utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".
El informe señala que los principales responsables de estos delitos son integrantes del ejército y otras fuerzas de seguridad.
En ese sentido, la ONU insta a México a "regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos". Además, recomienda recomienda "considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública".
El informe menciona casos sucedidos en los estados de Coahuila, Guerrero (suroeste), Chihuahua (norte), Nuevo León (noreste) y Tamaulipas (noreste).
La delegación mexicana en Ginebra no negó los hechos, manifestó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, el 13 de julio de 2011, que los tribunales militares no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles.
FUENTE: AVN
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