o Damaris Quintana, llegó al Congreso acompañada por las firmas de legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional.
El proyecto de ley de traslado del financiamiento estatal electoral al TSE pretende dividir la deuda política en dos partes: un 75% para un fondo de publicidad y un 25% para gastos permanentes de operación y capacitación.
El fondo de publicidad sería administrado por el Tribunal de Elecciones, el cual se convertiría en la proveeduría de espacios en televisión, radio y diarios de los partidos (repartiría una tercera parte en forma equitativa y el resto en forma proporcional a la cantidad de votos obtenida por cada grupo en la última votación).
¿Qué pasa con el resto de gastos electorales, como producción audiovisual, afiches, banderas, panfletos, alimentación, vallas, alquileres y camisetas?
Los partidos echarían mano al financiamiento privado, sobre el cual el proyecto elimina los controles del TSE, con excepción de la prohibición para que extranjeros y empresas hagan aportes.
La inicitiva pretende derogar 41 artículos del Código Electoral, incluido el que afirma que el financiamiento privado debe estar sometido al principio de publicidad.
El plan también elimina la prohibición para que precandidatos y candidatos reciban contribuciones en forma directa, y libra a los partidos de usar una cuenta bancaria única para recibir donaciones.
Además, no se castigaría el hecho de que personas ajenas a la estructura oficial recauden dinero en favor de un grupo político.
Según el proyecto, el TSE también financiaría el transporte para las votaciones, aunque los partidos podrían hacerlo por su cuenta.
¢10.000 millones libres. El caso del fondo de operación y capacitación, estimado en ¢10.000 millones para el 2014, se entregaría por la libre a los partidos (en forma proporcional a la cantidad de votos recibidos). Las agrupaciones no tendrían que comprobar gastos ni hacer liquidaciones porque los artículos que hoy establecen esas obligaciones serían eliminados, pese a que ese principio se encuentra establecido en la Constitución Política.
El plan también desaparece el financiamiento anticipado y la emisión de bonos de deuda política.
Quintana sostuvo que el proyecto fue elaborado por asesores de su despacho con ayuda de gente externa, cuyos nombres declinó revelar.
Sobre la eliminación de controles, afirmó que el TSE siempre podrá verificar que no haya donaciones de extranjeros ni de empresas. “Yo misma lo tuve que leer varias veces para comprender un 80% del proyecto”, comentó.
Su asesor, Jorge Díaz, dijo que al pasarse el dinero de publicidad al Tribunal, los controles sobran.
¿Y qué pasa con los gastos cubiertos con fondos privados? “Lo que yo haga con mi plata, es mi plata; el Tribunal no debe tener tanta competencia. Si yo quiero darle ¢20 millones a un partido, quién tiene que ver qué se hace con esos ¢20 millones. Hay que decir quién los da, cómo los da, pero lo que el partido haga no debe tener supervisión del TSE porque no son fondos públicos”, alegó el asesor.
Víctor Granados (PASE), Wálter Céspedes (PUSC) y Justo Orozco (Renovación) dijeron haber firmado, aunque desconocían los detalles del proyecto. El TSE declinó hacer comentarios sobre este proyecto, por ahora.
FUENTE: Esteban Oviedo - http://www.nacion.com
