Según un informe de minoría de la bancada opositora panameñista, sometido a consideración ayer por el pleno legislativo, resulta sumamente sospechoso que se quiera mediante este proyecto de ley sancionar a las aerolíneas por transportar a pasajeros que introduzcan drogas al país, cuando es evidente que es una responsabilidad del Estado, a través de la aplicación de los mecanismos de seguridad por parte de las dependencias pertinentes.
“Dada la situación política actual y del actuar de funcionarios de este gobierno que se han caracterizado por hostigar a quienes le hacen oposición, interviniendo empresas, insultando a periodistas, chantajeando a políticos, el tema de la sanción a las aerolíneas parece más bien un pase de factura del Ejecutivo al Grupo Motta”, destaca el informe.
El diputado panameñista José Luis Varela, en su defensa al informe de minoría, indicó que cuando se ve el proyecto en su totalidad pareciera bueno si la intención es la de sancionar y atacar el tema del narcotráfico y el lavado de dinero, “pero se salen con normas paralelas al aumento de penas que a veces uno no sabe si es para presionar a las aerolíneas, ya que de alguna forma sus representantes son dueños de medios de comunicación y que han cuestionado malas actuaciones del Gobierno nacional”.
“Culpar a las aerolíneas porque un pasajero es detectado en un avión con droga me parece que es la estupidez más grande posible que alguien pudiera redactar en un proyecto de ley. ¿Qué culpa de eso tiene la aerolínea?”, indicó Varela.
El tercer párrafo del artículo 2 original del proyecto, criticado por los panameñistas, establecía originalmente que la aerolínea en la cual viaje el agente que introduce la droga al territorio nacional, será sancionada con multa mínima de 5 mil dólares y una máxima de 50 mil dólares.
Artículo modificado
No obstante, este artículo fue modificado en primer debate con el consenso de representantes de las aerolíneas, según afirmó el diputado Hernán Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno que, por su parte, sustentó el informe de mayoría.
Aunque el artículo fue modificado, los diputados panameñistas pidieron ajustes a la nueva propuesta que establece que cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará una multa no inferior a 5 mil dólares ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial. En caso de que la persona jurídica sea prestadora del servicio de transporte mediante el cual se introduce droga al territorio nacional, la sanción mínima será de 25 mil dólares.
Según el también diputado panameñista Adolfo Valderrama, con la redacción de este artículo puede ser castigado el dueño de un taxi, el dueño de una lancha o el dueño de un bus. “Esta norma no solamente es un peligro para las líneas aéreas, sino para los otros medios de transporte”, sostuvo Valderrama.
SEGUNDO DEBATE
Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate anoche y el polémico artículo quedó de la siguiente manera: “Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, siempre que sea beneficiada por el, se le aplicará multa no inferior de 25 mil dólares ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial en caso de que la persona jurídica sea prestadora de servicios de transporte mediante el cual se introduce droga al territorio nacional”.
Por otro lado, la oposición también calificó de excesiva la sanción de 5 a 10 años a quienes roben equipos tecnológicos suministrados por el Estado, que fue agregado al proyecto de ley 420.
FUENTE: Gustavo A. Aparicio O.
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