(Argentina) Polémica por el uso de la ley contra el terrorismo global

Apelando a la polémica ley antiterrorista, la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la Justicia congelar los fondos de 44 personas prófugas por delitos de lesa humanidad.
Expertos en el tema aseguran que se pretende usar la ley para otro fin del que fue pensada, esto es, combatir el financiamiento del terrorismo internacional. Un sector de la Justicia lo justifica al decir que es parte de una interpretación amplia del concepto de terrorista. El pedido de la UIF, no obstante, todavía no fue autorizado: dos jueces se excusaron de intervenir y el caso quedó en manos de la Cámara federal.

El organismo que conduce José Sbattella dispuso el congelamiento administrativo de las cuentas bancarias de aquellos que figuran en el listado de personas buscadas por delitos de lesa humanidad, a cargo del Ministerio de Justicia. Hasta ayer, en el sitio web de esa cartera, sólo figuraban 32 personas, pero fuentes oficiales confirmaron a Clarín que en total son 44.

Por todos se ofrece una recompensa porque tienen pedido de captura. En la mayoría de los casos son $ 100 mil, salvo José Darío Mazzaferri y Eduardo Salvador Ullúa, por quienes se ofrecen $ 200 mil.

La decisión de la UIF no tiene aplicación inmediata. El decreto que reguló la ley antiterrorista, el 918/2012, prevé que haya una ratificación judicial. El primer caso se dio hace pocos días cuando el juez federal Norberto Oyarbide confirmó un pedido de la UIF de congelar los bienes y el dinero de la empresa American Data, dedicada a juegos de apuestas, ante la sospecha de que le daba soporte financiero a Jorge Raúl Vildoza, un ex jefe de la ESMA que está prófugo y acusado de delitos aberrantes como la apropiación de un menor, hecho por el cual fue detenida su esposa. La firma es propiedad de su hijo y de su yerno. En ese caso, el congelamiento se hizo efectivo por 6 meses, aunque la norma prevé una prórroga de otros 6.

Al pedir el embargo de la empresa American Data, Sbatella ya había dado una pista de lo que iba a venir al denominar “terroristas prófugos” a todos los que figuran en el listado de personas buscadas por causa de lesa humanidad , donde figura Vildoza. Oyarbide avanzó en esa línea y justificó la aplicación de la ley. Para el magistrado, se aplica a “todos los sujetos involucrados en maniobras de terrorismo de Estado”. En su fallo, citó lo dicho por la Comisión de Derechos Humanos en el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 2002, donde se definiría al terrorismo como toda violación a los derechos humanos. El viernes, en París, el GAFI destacó el decreto que reglamentó la ley antiterrorista, cuestionada por diversos sectores, incluso por organismos como el CELS.

Fuentes judiciales consultadas por Clarín aseguraron que “se está haciendo una mala aplicación ” de la norma, reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el control del financiamiento de células terroristas como las que volaron las Torres Gemelas, y que esto “va a comprometer al país en el plano internacional” . El abogado y experto en la materia, Juan Felix Marteau, dijo la semana pasada en una columna publicada en este diario que se va en camino a una “política antiterrorista contra individuos que nada tienen que ver con el nuevo terrorismo global”.

La polémica ya está abierta. Por lo pronto, el caso puntual aún debe resolverse en Tribunales. Tanto Oyarbide como el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazaron, por diferentes motivos, expedirse sobre los 44 pedidos. Y ahora debe decidir la Cámara federal.

FUENTE: Nicolás Pizzi - http://www.clarin.com