Ramón Guarín, como fue identificado el supuesto sicario, se disparó con un arma de fuego cuando las autoridades llegaron a detenerle por la supuesta comisión de los 58 asesinatos a un local comercial de su propiedad, ubicado en el departamento de Meta (centro).
Guarín estaba vinculado por la Fiscalía a 39 investigaciones por muertes violentas ocurridas entre los años 2000 y 2002.
Esas investigaciones se basaban en los testimonios de miembros desmovilizados de las AUC, que aseguraban que Guarín “hacía parte de la estructura sicarial conocida como La Especial, que cumplía trabajos para las autodefensas” en Meta.
Así, Guarín habría ejecutado “ajustes de cuentas y homicidios por encargo en las confrontaciones que tenían con otros grupos paramilitares que también delinquían en esa época” en Villavicencio, capital de Meta.
Los hechos violentos en los que murieron las 58 personas, y que habrían sido ejecutados u ordenados por Guarín, también dejaron a otras siete personas heridas.
Entre 2003 y 2006, las AUC pactaron su desmovilización con el gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), con lo que obtuvieron beneficios procesales a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a sus víctimas.
| FUENTE: SiBCI - AFP |
