Ordóñez indicó que uno de los principales argumentos del recurso está relacionado con la competencia del Ministerio Público para sancionar funcionarios. “Los abogados de la Procuraduría trabajan en una tesis jurídica muy reiterada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Judicatura respecto a las competencias que nuestra Constitución confiere a la Procuraduría para ejercer el control disciplinario a los funcionarios elegidos popularmente”, sostuvo.
Igualmente se refirió a la decisión adoptada por el presidente Santos indicando que “es un tema jurídico que ha sido muy decidido por las Altas Cortes, las cerca de 40 tutelas que se tramitado habían fijado un aspecto sobre los derechos políticos”.
Semana.com logró establecer cuáles serán los principales argumentos del recurso que será radicado ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá 20 días para definir si nuevamente saca a Petro del cargo o, por el contrario, lo deja hasta que se conozca una instancia definitiva en el proceso.
El argumento principal que expondrá la Procuraduría, en concordancia con el gobierno nacional, está relacionado con el papel de la Comisión en Colombia, el cual para el Ministerio Público es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno.
Igualmente se deja claro que Petro tuvo todas las oportunidades de defenderse en los tribunales colombianos con más de 300 tutelas, y tuvo todas las garantías en su proceso disciplinario en la Procuraduría.
Otro argumento estará enfocado a los precedentes de las anteriores decisiones que señalan que no se ha vulnerado de ninguna forma el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala que solamente mediante sanción penal puede ser destituido un funcionario de elección popular.
Para la Procuraduría es claro que no se ha generado vulneración alguna a los derechos políticos del alcalde Petro y mucho menos de los ciudadanos, y en particular de Óscar Augusto Verano, quien fue la persona que interpuso la tutela que devolvió a la vida política al alcalde Gustavo Petro.
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