Específicamente a Varela se le llama por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del PAN.
Varela trabaja en la actualidad en la Presidencia de la República, con un salario de 4 mil dólares y 2 mil dólares de viáticos, de acuerdo a datos de la planilla de esta institución publicados en febrero de 2015.
El exministro Federico Suárez, la ex viceministra María del Carmen Fábrega, además de Varela son llamados a indagatoria ya que, como miembros del Consejo Directivo del PAN, aprobaron la contratación de Lerkshore International Limited en una reunión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2010. Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República determinó que "hubo faltas de fiscalización y evaluación de la ejecución del proyecto" de suministro de alimentos deshidratados.
El Consejo Directivo del PAN avaló la contratación de Lerkshore, pese "a la ausencia de estudios, planificación, evaluación técnica, aplicación del Manual de Procedimientos del Programa de Nutrición Escolar y de estudios de factibilidad que avalaran la conveniencia económica y técnica del proyecto".
La investigación por la compra de los alimentos deshidratados comenzó el 21 de julio de 2014, a partir de la presentación de una denuncia anónima en la que se revelaron irregularidades en el proyecto 48910 del PAN, conocido como Nutriescuela.
Por este caso también son investigados la exministra de Educación Lucy Molinar; la excontralora Gioconda de Bianchini, y el director del PAN de aquella época Giacomo Tamburelli, actualmente bajo arresto domiciliario. También Ángel Famiglietti, exjefe del Departamento de Nutrición del PAN, y Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited, la sociedad proveedora de los alimentos deshidratados.
La sociedad fue registrada el 25 de marzo de 2010 y el 4 de mayo de ese mismo año fue "invitada" a participar en el suministro de alimentos deshidratados en los colegios oficiales, un contrato cifrado en $14.5 millones. La empresa fue favorecida, pese a no tener operaciones comerciales en Panamá ni cotizar en la Caja de Seguro Social (CSS). Como dirección aportó un apartado postal. Posteriormente, el 7 de octubre de 2010, se le volvió a contratar -esta vez por casi $45 millones-, pese a que su propuesta ni siquiera contaba con los registros sanitarios. El 31 de octubre de 2012 se canceló el registro de operaciones de la empresa ante el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
En su declaración indagatoria, Tamburrelli señaló que el acto público para la contratación de Lerkshore fue "una pantalla", toda vez que ya el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli, había dado indicaciones "directas" para que esta empresa fuera beneficiada.
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| FUENTE: Angel López Guía - http://prensa.com |
