Una de estas investigaciones tiene que ver con presuntas interceptaciones ilegales y espionaje a periodistas, miembros de la oposición, sociedad civil e incluso a sus propios funcionarios y allegados. El escándalo estalló a finales de 2014, cuando se conoció que la administración de Martinelli gastó más de $13 millones en la compra de equipos y software a una empresa israelí a mediados de 2010 con fondos del Programa de Ayuda Nacional.
Los equipos dirigidos al Consejo Nacional de Seguridad, una entidad que responde directamente a la Presidencia, se encuentran desaparecidos. Se han encontrado grabaciones, transcripciones y vídeos que han permitido adelantar una investigación por parte del Ministerio Público.
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