En una nota que remitió ayer a Aguilera, González le manifestó su preocupación frente a los hechos denunciados por López y le solicitó un informe de lo sucedido en base a que por mandato constitucional y legal es responsabilidad de la Procuraduría de la Administración vigilar la conducta oficial de los funcionarios para cuidar su desempeño y el cumplimiento de sus deberes.
López, en una carta que envió el 9 de noviembre de 2015 al jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, Sami Far, relató que Donadío, vestido con el uniforme militar del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo esposó en su despacho por firmar, lo que a criterio del viceministro eran, documentos ilegales. Los hechos habrían sucedido en el despacho de Donadío el 29 de octubre de 2015, según contó López en su misiva.
De acuerdo con el procurador, en el mismo momento en que el funcionario fue esposado el Ministerio de Seguridad Pública –independientemente de quién lo haya hecho- debió abrir una investigación, y remitir lo sucedido a las autoridades competentes ante la posible comisión de un acto delictivo.
"El Código de Ética de los funcionarios señala que tan pronto se tenga conocimiento sobre algún delito se está en la obligación de presentar la denuncia y este es uno de esos casos”, resaltó el procurador al indicar el procedimiento que debió aplicar el ministro Aguilera.
La denuncia de López se investiga únicamente a nivel administrativo en el Ministerio de Seguridad Pública.
Este medio consultó a la vocera del Ministerio Público, Sandra Sotillo, para conocer si se abriría una investigación de oficio por este hecho, pero no hubo respuestas.
Mientras que la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, lamentó la situación, debido a que el Ministerio de Seguridad Pública es una institución muy técnica que necesita altos estándares de integridad.
"Es muy difícil que se mantenga un ambiente saludable en la gestión cuando las fricciones de tipo personal están en la cabeza de la institución, eso permea para el resto de la organización", advirtió.
Alfredo Berrocal, de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep) indicó que “Donadío violó flagrantemente la Constitución y los derechos humanos” de López, porque nadie puede ser arrestado sin causa ni orden judicial.
Berrocal se refiere al artículo 21 de la Constitución que dice que “nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente...". Esa misma norma indica que “los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley".
Por su parte, el diputado panameñista José Antonio Domínguez manifestó que la víctima, en este caso López, debe presentar una denuncia y de determinarse que Donadío cometió un delito se le debe procesar penalmente, porque “él no tiene corona”. Manifestó que el presidente Juan Carlos Varela “tiene que tomar una acción inmediata".
Por su parte, Diego Almanza, director de Orientación al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo, aseguró que la entidad no haría comentario al respecto porque no ha recibido el caso.
En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad Pública indicaron que tanto el ministro como el viceministro no harían comentarios, y señalaron que ambos trabajaban en sus despachos.
Mientras que se consultó desde horas tempranas a la Secretaría de Comunicación del Estado para conocer la opinión del Ejecutivo en torno a este conflicto e informaron que remitirían un comunicado al respecto, pero al cierre de esta edición no había sido suministrado a este medio.
FUENTE: Aminta Bustamante, Eduardo Mendoza - http://www.prensa.com
