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jueves, 23 de junio de 2016

(Colombia - Panamá) Mayer Mizrachi se fugó en Bogotá

El empresario panameño Mayer Mizrachi Matalon se evadió ayer de la cárcel La Picota, en Bogotá, Colombia, confirmó anoche la Cancillería. Luego de que el Segundo Tribunal revocara la orden de captura y extradición dictada en su contra por el Juzgado Decimotercero Penal, y mientras se tramitaba su deportación a Panamá, Mizrachi Matalon habría sobornado a un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La Cancillería panameña confirmó que las autoridades colombianas abrieron una investigación por el posible acto de corrupción, en tanto que el funcionario fue destituido y enfrenta cargos.

El nuevo estatus de Mizrachi Matalon –procesado en Panamá por la supuesta comisión del delito de peculado– es de “prófugo”, según la Cancillería.

En su cuenta de Twitter, Mizrachi respondió a la nota. Dijo que hoy se sabrá la verdad, pero adelantó que “no hay orden legal en Colombia para una deportación”, que “su orden de libertad no incluía el traslado a otra entidad” y que “no hubo soborno”.

“Estoy agradecido al Inpec y al personal de La Picota por haber actuado a cabalidad por no entregarme a una entidad sin orden legal”, escribió en Twitter.

AUTORIDADES SE CULPAN POR FUGA

La fuga este martes del empresario Mayer Mizrachi Matalon de la cárcel de La Picota, en Bogotá, puso de relieve serias contradicciones entre las autoridades del Departamento de Migración y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de ese país, que se responsabilizan mutuamente por lo ocurrido.

Mizrachi Matalon es procesado por el Ministerio Público de Panamá por la supuesta comisión del delito de peculado y sería deportado al país para enfrentar los cargos que se le imputan.

Al final de la tarde, tras conocerse la evasión, de la que se sospecha que Mizrachi Matalon habría sobornado a un custodio de la cárcel, Migración Colombia ingresó la alerta en sus sistemas de control aéreo y terrestre, así como en sus puertos marítimos y fluviales.

Asimismo, puso en alerta a los países fronterizos, con el fin de que refuercen sus controles. Esto, debido a que las autoridades colombianas suponen que, como Mizrachi no puede salir de manera legal, si no lo hace de la mano de las autoridades migratorias, lo haría de manera ilegal.

Pero el Inpec tiene otra versión de los hechos. Fuentes de esa entidad sostuvieron que a las autoridades de Migración se les informó que Mizrachi Matalon saldría de la prisión entre las 4:00 p.m. y 4:30 p.m., y que como no estaban presentes a esa hora a la salida del centro penitenciario, lo dejaron irse bajo sus propios medios.

Retenerlo, según explicaron, hubiera sido ilegal y considerado un secuestro, porque había una orden de la Fiscalía General de la Nación y porque no tenía ningún otro proceso judicial pendiente.

Sin embargo, fuentes de Migración negaron esa versión. Alegaron que desde las 7:30 a.m. había una patrulla con dos oficiales de Migración esperando a Mizrachi Matalon afuera de la cárcel de La Picota y que, incluso, se enviaron varios correos al Inpec pidiendo a sus autoridades que pusieran al empresario panameño a su disposición en cuanto quedara en libertad, para un acto administrativo.

No hubo respuesta a esos correos, según aseguraron.

De acuerdo con estas fuentes, los funcionarios del Inpec les informaron a los agentes de Migración que les entregarían a Mizrachi Matalon “más tarde”, luego les dijeron que lo harían “al final de la tarde”, después que la entrega se haría “cuando empezara la noche” y finalmente les informaron que el ciudadano había sido dejado en libertad.

Las fuentes de Migración informaron que con esos correos como soporte, empezarán hoy mismo una investigación administrativa.

LA VERSIÓN DE PANAMÁ

En tanto, la Cancillería panameña divulgó anoche un comunicado, en el que confirmó la evasión de Mizrachi Matalon, previa notificación oficial por parte del Gobierno colombiano.

De acuerdo con este comunicado, el empresario se fugó cuando las “autoridades colombianas tramitaban su deportación a Panamá, luego de que fuese revocada la orden de detención y la solicitud de extradición” por parte del Segundo Tribunal Superior Penal.

“Las autoridades de Colombia iniciaron una investigación por un posible acto de corrupción de alto nivel, específicamente, el soborno a un funcionario del Instituto Nacional del Sistema de Penitenciaría y Carcelario de Colombia, quien ha sido ya destituido por las autoridades y se han presentado cargos ante fiscalía por el hecho”, dice el comunicado.

Tras lo sucedido, la Cancillería panameña calificó a Mizrachi Matalon como un “prófugo de la justicia” y confirmó que las autoridades del vecino país activaron un operativo de búsqueda, con el propósito de cumplir la orden de deportación.

De acuerdo con la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, “la deportación de Mizrachi se gestionaba con base en las leyes migratorias en Colombia, pues ya han transcurrido 90 días reglamentarios en que podía permanecer en el país”.

A las 10:13 p.m. de ayer, Mizrachi escribió en su cuenta de Twitter: “No hay orden legal en Colombia para una deportación (...) Mi orden de libertad no incluye el traslado a otra entidad (...) No hubo soborno”.

Asimismo, escribió: “Por 18 meses y una pena carcelaria ilegal he aguantado golpes. No más. Las demandas les lloverán y sin misericordia”.

Más tarde, pasadas las 11:00 p.m., divulgó un comunicado, en el que acusó a medios de comunicación del país, encabezados por La Prensa, de pretender influenciar a la justicia panameña con informaciones falsas, que lo involucran en una supuesta trama de corrupción y pago de sobornos.

“Solo el Segundo Tribunal Superior de Panamá ha obrado en derecho, pero esto no fue suficiente ni para la Juez Decimotercera Penal de conocimiento ni para la Cancillería de la República de Panamá. Es tal la maldad que ha inspirado los actos del Gobierno panameño contra Mayer, que hoy, en comunicado de prensa se atreven a afirmar (...) que Mayer es prófugo de la justicia”, dice el comunicado del prófugo.

Dijo que presentó una solicitud de asilo y que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de su derecho a la libertad y al debido proceso.











FUENTE: http://www.prensa.com

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