La canciller colombiana María Ángela Holguín señaló que "no hay nada absolutamente político" en la negativa de su país de otorgar asilo político al panameño Mayer Mizrachi, investigado por la posible comisión de delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)."Se le negó el asilo y tiene diez días hábiles para ejercer su apelación, diez días que se le cumplirían el viernes de la siguiente semana, o sea el viernes 22 de julio, ahí le responderemos a esa apelación", dijo Holguín, en rueda de prensa en Bogotá.
En la negativa "no hay absolutamente nada político", como han afirmado Mizrachi y sus abogados, quien se ha presentado ante medios colombianos como empresario y "perseguido político", precisó la ministra en una nota de la agencia AFP.
"Aquí estamos respondiendo a una solicitud y (...) hemos sido lo más garantistas posibles. Tiene su salvoconducto y el salvoconducto estará hasta que quede en firme la decisión" de negarle el asilo y expulsarlo del país, afirmó Holguín.
En BluRadio, la ministra aclaró que el Gobierno colombiano le notificó a Mizrachi sobre su expulsión del país por vía administrativa, ya que él no se presentó personalmente para la notificación.
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Mizrachi fue detenido en Cartagena el 29 de diciembre de 2015 y estuvo preso cerca de seis meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, porque en su contra había un pedido de orden de captura y extradición de las autoridades de Panamá.
El gobierno panameño comunicó al colombiano que desistía de ambos pedidos, por lo que la fiscalía del país andino ordenó su libertad y correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entregarlo a Migración Colombia para su expulsión del país debido a la existencia de una orden en ese sentido.
Pero por un presunto acto de corrupción en el Inpec, Mizrachi no fue entregado a las autoridades migratorias y salió de La Picota el 22 de junio pasado, en circunstancias que le costaron el puesto al director de La Picota. Un día después, el 23 de junio, Mizrachi solicitó refugio a la Cancillería de Colombia.
Migración Colombia se quejó ante la Fiscalía General por considerar que la liberación de Mizrachi representa una clara violación de las leyes migratorias.
El próximo 26 de agosto, Mizrachi deberá comparecer a una audiencia en la que también están llamados el exdirector de la AIG, Eduardo Jaén, y tres exfuncionarios más, para que respondan por la instalación de un programa de mensajería adquirido a Criptext, propiedad de Mayer.
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