Una sensación de liberación flotaba el pasado martes en el Palacio Real. Esa sensación, camuflada por el carácter festivo del acto de imposición del Toisón de Oro a la princesa Leonor, quedaba reflejada en los rostros de las autoridades. Hasta el Carlos V que se elevaba en el salón de columnas, obra de Leone Leoni, parecía relajarse tras haber aguantado la respiración durante una semana de tensión, y depresión, en la que pusieron en jaque a las instituciones del Estado, empezando por la más alta de todas: la Corona.Además de Felipe VI, doña Letizia, sus hijas Leonor y Sofía, y los reyes eméritos, se encontraban el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el del Consejo de Estado, un cabizbajo José Manuel Romay Beccaría, y el 'caballero del Toisión' Javier Solana, entre otros muchos de los casi 100 invitados congregados. El poder patrio concentrado en un salón.
Más que miradas cómplices, los asistentes intercambiaban gestos de alivio contenido, como si se hubieran quitado un peso de encima sin poder decírselo a nadie. El Rey se mostraba agradecido a los allí presentes por haber escuchado sus ruegos y parado el golpe. Ese mismo día, casi en paralelo al acto de Palacio, el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazaba el pleno y abortaba temporalmente la fraudulenta investidura de Puigdemont.
Deliberadamente o no, el 'expresident' y los estrategas que le susurraban al oído habían trazado un plan que hacía crujir las cuadernas del Estado. Consistía en retorcer el reglamento de la Cámara catalana para, valiéndose de todos los resquicios legales a su alcance, permitir el voto delegado y que así Puigdemont pudiera ser investido. El fraude de ley duraría apenas unas horas, lo que tardara el Consejo de Ministros en plantear el recurso y el Tribunal Constitucional en reunirse y anular la votación, pero el desafío y la humillación estaban servidos.
El ultraje era aún mayor si se tenía en cuenta que el decreto del nombramiento debía ser firmado inmediatamente después de la votación por el Rey y refrendado por el presidente del Gobierno, y que, en las veinticuatro/cuarenta y ocho horas que se dilatara la rúbrica a la espera de la resolución del TC, se proyectaría sobre sus cabezas la sombra de la prevaricación por no hacerlo. Así, Puigdemont les habría doblado la cerviz con el pleno del martes, coincidiendo con el acto de entrega del Toisón de Oro a la Princesa y con el 50 cumpleaños del Rey. Zarzuela había hecho sus propios cálculos y mandaba un S.O.S. al Gobierno.
Seis días antes, el miércoles 24 de enero por la tarde, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recibía una llamada de Mariano Rajoy. En ella le comunicaba la intención del Ejecutivo de frustrar el pleno interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del 'president' del Parlament de proponer para la investidura a Puigdemont y le informaba de la solicitud al Consejo de Estado de un dictamen a tal efecto.
Sánchez no dudó en prestar un apoyo sin fisuras a las medidas del Gobierno, tal y como viene haciendo el PSOE en los últimos tiempos y en especial desde que se decidiera la aplicación del artículo 155. Esta actitud venía avalada por el asesor Iván Redondo, cuya estrategia pasa por dotar al líder socialista de un mayor perfil institucional y menor sobreexposición.
El jueves 25 por la mañana, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba públicamente el recurso ante el TC y la consulta al Consejo de Estado. Lo hacía en la Moncloa y con una escenografía que hacía que la iniciativa fuera asumida como propia.
El riesgo era doble. Primero, por miedo a que el recurso pudiera ser interpretado como una actuación compulsiva del Ejecutivo derivada de la angustia del momento; y segundo, por un riesgo posterior consistente en que, una vez admitido el recurso, los abogados de Puigdemont pudieran acudir al Tribunal de Estrasburgo para solicitar medidas cautelares de urgencia por violación de derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos, una eventualidad que todavía no ha sido descartada y que podría poner en un brete a las instituciones españolas. No solo al Gobierno. También al TC.
El Consejo de Estado se reunía de forma inmediata para discutir sobre las consultas elevadas. Aunque la presidencia de Romay Beccaría y el pleno se decantaban por dar la razón al Ejecutivo, la permanente del órgano consultivo, con Landelino Lavilla y Fernando Ledesma a la cabeza, se despachaba tras una fugaz reunión de dos horas y media con que no veía fundamentos para impugnar la candidatura del prófugo separatista. La primera, en la frente.
El varapalo del Consejo de Estado provocó perplejidad en la opinión publicada y desencadenó reproches dentro del Gobierno y del Partido Popular, una formación visiblemente nerviosa por los malos resultados que le vienen dando las encuestas y por los casos de corrupción que aún le salpican. Unos y otros descerrajaban críticas en privado. ¿No lo habían consultado previamente? ¿No se habían cerciorado del 'nihil obstat'? Fuego amigo. Ministros que habían defendido el recurso, se llamaban ahora andana. Mientras tanto, el Ejecutivo declaraba su intención de seguir adelante. ¿Cómo se va a atrever el Gobierno a recurrir al TC sin el aval del Consejo de Estado? Las mirillas apuntaban directas a la cabeza de la vicepresidenta.
A las 9.00 horas del viernes 26, Alfredo Pérez Rubalcaba acudía a los estudios de Onda Cero al programa de Carlos Alsina. Unos días antes había sido fotografiado con los líderes independentistas del PDeCAT, Marta Pascal y Xavier Xuclá. El lunes estaría con Herrera en Cope y días después impartiría una conferencia en Palma. Una actividad frenética para superar el síndrome de abstinencia de un hombre que nunca ha terminado de irse de la política.
Claro está, al socialista no se le escapaban los intentos de Puigdemont de poner en jaque a las instituciones y participaba de la estrategia de Estado para abortarla. Formaba parte del puzle. No por nada, hay dos números que suenan con asiduidad en su móvil. Uno es el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el otro, el del rey Felipe VI.
Delante de los micrófonos, Rubalcaba dijo que consideraba una mala noticia que el Consejo de Estado no se hubiera puesto del lado del Gobierno y ponía negro sobre blanco, de forma descarnada, lo que estaba ocurriendo: "Lo que quieren los independentistas es que les quitemos a Puigdemont de en medio. Lo que se está dirimiendo es quién paga el coste. El Estado lo hará. Vamos a ver si los que gestionan el Estado pagan el menor coste posible". Rubalcaba marcaba la doctrina respecto al recurso del Gobierno ante el TC y el resto de dirigentes socialistas se apresuraban a replicar los argumentos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta apelaba igualmente a la 'solución patriótica' sabedora de que habían alcanzado un punto en el que podían saltar las costuras de las instituciones. Se jugaban mucho. El Estado, por supuesto, pero también ella. "Gobernar es decidir. Decidir entre distintas posiciones, admitiendo que cada uno puede tener su opinión, pero cada uno tiene su responsabilidad".
El pleno del Tribunal Constitucional se reunía de forma extraordinaria el sábado 27 para analizar el recurso 'exprés'. La ponencia había caído por reparto a Juan Antonio Xiol, un magistrado catalán con amistades nacionalistas tales que Germà Gordó. Las horas se sucedieron lentas y con inquietud tanto dentro como fuera del Tribunal en lo que parecía la versión patria de ‘Once hombres sin piedad’. El Constitucional estaba dividido. No se trataba solo del recurso del Gobierno, sino también de la Corona y de esas cuatro realidades que coexisten en España: la del Estado de derecho, la internacional, la económica y la de la convivencia. La tensión que se vivió aquel sábado tardará tiempo en olvidarse.
Finalmente, el TC optó por una vía salomónica: evitó entrar en el fondo del recurso planteado por el Gobierno y dictó una resolución que, grosso modo, ponía cualquier posible candidatura de Puigdemont en manos del juez del Supremo, Pablo Llarena. Una decisión que, en resumidas cuentas, suponía cerrarle la entrada a la presidencia del a Generalitat. No solo eso. También se le avisaba de que, si su intención era bloquear el Parlament y forzar otras elecciones, debía saber que el auto de procesamiento que tenía en ciernes acababa con sus derechos políticos y lo inhabilitaba para repetir como candidato.
El final de la escapada. Puigdemont ‘game over’. En contra de la opinión del Consejo de Estado y de una pléyade de jurisconsultos críticos con el Ejecutivo, Sáenz de Santamaría había forzado la maquinaria para frustrar los planes independentistas y, con un recurso arriesgado, había puesto a los miembros del Tribunal Constitucional en la tesitura de buscar una solución a un problema que era cuestión de Estado. La 'vicepresidenta Soraya', como la llamaba desafiante Roger Torrent, se la jugó 'in extremis' y ganó el envite.
La resolución del TC funcionaba. El domingo 28 y el lunes 29, los líderes independentistas entraban en pánico. Eran conscientes de que, en caso de desoír al Constitucional y continuar con el pleno para la investidura de Puigdemont, podían acabar en la cárcel como Junqueras, Forn o los Jordis. El horizonte judicial era especialmente complicado para todos aquellos diputados que estaban siendo investigados en causas judiciales y que salieron en libertad condicional bajo la promesa de cumplir la ley y no volver a reincidir.
Durante esos días, el 'exconseller' Jordi Turull se puso en contacto con secretaria general de ERC, Marta Rovira, para interesarse por la decisión final del también republicano Roger Torrent en cuanto a la celebración del pleno. La llamaba no tanto para presionarla y forzar la investidura del 'presidente legítimo' Carles Puigdemont como para todo lo contrario: evitar el desafío al Estado y cualquier eventualidad que le pusiera de nuevo a las puertas de la cárcel.
El martes 30 de enero, día en el que estaba agendado el pleno, ni Turull ni Rovira aparecieron por el Parlament. Tampoco estaba el 'exconseller' Josep Rull. Los únicos que se dejaron ver por los pasillos fueron los del sector jacobino, aquellos que no tienen causas judiciales pendientes, caso de Elsa Artadi, Agustí Colomines y Quim Torra, que llevaban en la mano un discurso, el de investidura, que nunca llegaron a leer. Roger Torrent optaba por aplazar el pleno de investidura y Puigdemont escribía a Comín: "Moncloa triunfa. Nos han sacrificado".
Una semana vertiginosa para extraer dos conclusiones: primera, la alternativa al autogobierno no es la independencia sino el 155, es decir, el próximo 'president' no tendrá que elegir entre Estatut y república sino entre Estatut y 155, y el único responsable de que el 155 sigue vigente no es otro que Puigdemont; y segunda, se puede derrotar al Gobierno y su presidente, o al menos intentarlo, pero no se puede derrotar al Estado.
FUENTE: Columna de opinión "Caza Mayor" - NACHO CARDERO - https://blogs.elconfidencial.com - (PULSE AQUÍ)
