El exdiputado del partido Cambio Democrático (CD) Marco González interpuso una denuncia para que se investigue al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Rolando "Picuiro" López, por incurrir en supuesto acto de abuso de autoridad.Esto a raíz de que el 19 de febrero de 2018 el exdiputado fue retenido en Miami, Estados Unidos, ante solicitud girada por la Policía Nacional, que lo acusaba de evadir un caso pendiente con autoridades locales.
El exparlamentario fue detenido por 9 horas, hasta que las autoridades estadounidenses descartaran las acusaciones advertidas desde el Consejo de Seguridad de Panamá.
A su salida de la Procuraduría, Marco González explicó que la diligencia legal también busca conocer si hubo participación del jefe del Ejecutivo, y que se certifique si el presidente Juan Carlos Varela tenía conocimiento de la alerta girada en su contra hacia Estados Unidos.
"La denuncia es por abuso de autoridad, extralimitación de funciones, asociación ilícita para delinquir y coacción a la libertad de los derechos humanos", afirmó el exdiputado González.
Explicó que el documento que se envió indicaba que supuestamente él había desatendido varias citaciones, lo cual no encaja con el perfil de figura pública, puesto que la Policía Nacional nunca hizo gestiones para ubicarlo, a pesar de conocer su dirección residencial y su sitio de trabajo (la Asamblea Nacional, donde se desempeña como asesor legal).
Todo indica más bien que es otra medida de intimidación y acoso desde el Consejo de Seguridad en contra de figuras que adversan al actual Gobierno.
Por algo, Varela y López han guardado silencio ante las reiteradas y enérgicas denuncias de la diputada Zulay Rodríguez, del PRD, quien ha pedido públicamente que el Consejo Nacional de Seguridad se desmantele por incurrir en funciones ilegales, de persecución y espionaje en contra de adversarios políticos del Gobierno.
"A 'Picuiro' le han dado demasiado poder", agregó Marco González, al tiempo que recordó que la ley constitutiva del Consejo de Seguridad está dirigida a intervenir sobre problemas de seguridad nacional, no a perseguir a quienes adversan a Varela.
González ya cuenta con nota de la Procuraduría que indica que no tiene condena en firme ni ningún proceso pendiente en Panamá, lo que confirma la persecución sin fundamento que se orquesta desde el Consejo de Seguridad.
Sustento legal
220 es el Artículo de la Constitución que obliga a la procuradora a atender denuncia contra cualquier funcionario.
149 artículo del Código Penal que se habría infringido en este caso, desde el Consejo de Seguridad.
FUENTE: Con información de https://panamaamerica.com.pa
