El Ministerio Público requirió a la autoridad que decretara la prohibición de salida porque la existencia de peligro de fuga de la exprimera dama, acusada de haber cometido varios delitos en el manejo de Cohesión Social.
Fue la entonces diputada Roxana Baldetti Elías, quien en 2010 presentó la querella luego de que repetidamente Torres se negó a dar explicaciones ni la bandada del Partido Patriota sobre el manejo de millonarios recursos.
En aquel momento, la ahora vicepresidente electa del país la sindicó de usurpación de calidad y de funciones, y de violación a la Constitución, los mismos delitos por los que este día se le ha arraigado migratoriamente.
El miércoles 9 de febrero de 2011, Baldetti Elías llegó al juzgado para ampliar su denuncia inicial contra Sandra Torres, por lo que transcurrió casi un año para que se accionara al respecto.
Es esa oportunidad afirmó que la querellada había sido nombrada coordinadora del Consejo de Ministros: “Constitucionalmente, se establece que esta función le corresponde al vicepresidente Rafael Espada. Ella no es vicepresidenta”.
La congresista señaló esa vez que la esposa del mandatario inauguraba puentes y escuelas, cuando sus funciones debían enfocarse en el trabajo en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.
En respuesta, Edgar Rosales, portavoz del Consejo de Cohesión Social que ella manejaba, afirmó: “Vemos que hay un aspecto político en el cual la primera dama es víctima”.
“El Partido Patriota no perdona el éxito de los programas de Cohesión Social. Baldetti sabe que Torres no es funcionaria, menos coordinadora de gabinete”, citó esa vez.
La Fiscalía de Delitos Administrativos la investigaba por incumplimiento de deberes, debido a la denuncia de Baldetti.
FUENTE: Tulio Juárez
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