Para calcular el monto de ese alquiler mensual, la Policía utilizó como base la valoración de un perito que estimó el terreno y su construcción en ¢288,7 millones.
Ese monto es seis veces más alto que el valor a partir del cual Flor Isabel Rodríguez, esposa de Herrero, asesora de la Presidencia y dueña de la finca, pagaba sus impuestos territoriales.
Durante más de 12 años, Rodríguez no declaró ante el Ayuntamiento local el valor de la propiedad de 1.392 metros cuadrados, ubicada en San Rafael de Escazú.
Durante esa década, la Municipalidad de Escazú tampoco actualizó el valor de esa casa, a pesar de que la ley la faculta para hacerlo. El municipio tenía registrada la finca en ¢47,7 millones.
Por esa diferencia, Herrero y su esposa pagaron al menos ¢300.000 anuales menos en impuestos territoriales.
Consultado por La Nación, Herrero admitió que cometió un error al creer que era optativa la declaración de esa casa y de otra que posee a título personal en Pavas.
El ministro adujo que siempre creyó que era obligación del municipio actualizar los montos.
“Tengo que revisar el valor de la casa que le alquilamos al Ministerio de Seguridad, porque efectivamente pareciera estar mal valorada. Yo adopté esta práctica de que siempre sea la Municipalidad la que me hace los ajustes porque la ley les permite hacerlo”, aseveró.
El artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles establece que es obligación de todos los propietarios declarar los valores inmobiliarios cada cinco años.
El 16 de enero anterior, tres días después de la entrevista con este diario, el ministro Herrero informó de que su esposa había incrementado el valor de la finca de Escazú, de ¢47,7 millones a ¢167,7 millones.
Al respecto: “El monto por el que debe tributar esa casa no es mi materia; nosotros pagamos lo que corresponde de acuerdo a la ley”.
La vivienda en la que los Herrero Rodríguez vivieron hasta hace cuatro años, se alquila a la Fuerza Pública en ¢1,5 millones mensuales. Allí se instaló, en octubre anterior, la sede de la Policía en Escazú.
Contratación directa. Para alquilar la casa a la Policía, Flor Isabel Rodríguez, asesora política de la presidenta Laura Chinchilla, tuvo que pedir a la Contraloría General de la República que levantara la prohibición que pesa sobre los familiares directos de ministros para contratar con el Estado.
A menos de un mes de la solicitud de Rodríguez, la Contraloría no solo levantó la prohibición para la casa a su nombre, sino que también la de otras dos propiedades: una en Pavas a nombre del ministro Herrero y otro condominio en San Rafael de Escazú , a nombre de la sociedad Propiedades Piemonte, propiedad de Flor Isabel Rodríguez.
El jerarca de Hacienda señaló que eso no significa que tengan pensado alquilar otra de sus propiedades al Estado, sino que hicieron dicho trámite por todos sus inmuebles.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, indicó que el proceso de contratación pública fue transparente y que no se organizó una licitación, sino una contratación directa porque se requería alquilar esa casa en particular.
“Por razones estratégicas de la actividad policial, en esa zona necesitábamos alquilar esa casa, ya que no hay otras disponibles en ese lugar y la propiedad está ubicada en un punto que nos permite movilizarnos rápidamente y conectar con otras dependencias vitales para la seguridad de la zona. Pero todo se hizo de acuerdo a derecho y siguiendo los procedimientos de ley”, sostuvo Zamora.
El ministro de Hacienda señaló que ni él ni su esposa ofrecieron la casa a la Policía, sino que encargaron el alquiler a una agente de bienes raíces y que fue esta persona quien inicialmente recibió la oferta de la Fuerza Pública.
“Nos pareció que no tenía nada de malo alquilar la casa. Mi esposa solicitó a la Contraloría que levantara la prohibición como parte de sus derechos. Mi esposa es una persona independiente y ejerció su derecho; ella me explicó; me pareció bien”, expresó Herrero.
FUENTE: Ernesto Rivera y Giannina Segnini - http://www.nacion.com
