La Corte de Constitucionalidad (CC) deberá comenzar hoy el análisis de una apelación presentada para destrabar el proceso por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.
Ante la CC fue planteado ese recurso legal por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) con el objetivo de anular un fallo anterior de una sala de la Corte de Apelaciones que otorgó amparo provisional al exgeneral.
Esa resolución detuvo el procedimiento normal para el caso contra el exjefe de Estado de facto por una masacre perpetrada en la localidad indígena de Dos Erres.
La Fiscalía de Derechos Humanos le imputa su responsabilidad en la matanza de 201 pobladores de aquella aldea indígena en el norteño departamento de Petén, ocurrida del 6 al 8 de diciembre de 1982.
El abogado de la querellante Famdegua, Edgar Pérez, acudió ayer a la sede de la CC para exigirle revisar lo actuado hace dos días que obstaculiza la continuación del proceso contra Ríos Montt y lo deje sin efecto.
Al exdictador también le achacan haber implementado programas contra la población maya ixil mediante los cuales fueron asesinados mil 771 hombres, mujeres y niños de esas comunidades indígenas durante su mandato (1982-1983).
El Ministerio Público pretende que el otrora jefe de Estado sea juzgado por los delitos de asesinato y genocidio, con lo cual busca cortar el beneficio de medida sustitutiva en arresto domiciliario, dictada antes, y vaya a prisión preventiva.
Por la acción en Dos Erres fueron condenados el pasado año a 30 años de prisión por cada asesinado, y confirmadas las sanciones hace poco tiempo, cuatro exmiembros de las fuerzas castrenses de elite denominadas kaibil, y uno más posteriormente.
Las masacres achacadas a Ríos Montt sucedieron como parte de planes denominados de tierra arrasada contra la guerrilla y sus colaboradores aplicados durante el enfrentamiento bélico (1960-1996) por las fuerzas de seguridad, principalmente el Ejército.
El ocupante de una diputación hasta este año, e incluso titular del Congreso por un periodo, estuvo en el poder al encabezar en 1982 un golpe de Estado contra Romeo Lucas, pero al año siguiente fue derrocado por una nueva asonada.
De lograrse llevarlo a juicio sería la primera vez que un golpista enfrente en Guatemala una acusación por genocidio, pero de fracasar la gestión el caso será considerado uno más entre tantos de impunidad en este país.
FUENTE: Prensa Latina
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