En el verano del 2011, el arresto del representante federal David Rivera parecía casi cierto.
Agentes del Departamento del Cumplimiento de la Ley de la Florida (FDLE) habían leído montañas de recibos de tarjetas de crédito y documentos bancarios, siguiéndole la pista a miles de dólares de las campañas políticas de Rivera que habían ido a sus cuentas personales.
Los fiscales de Miami-Dade preparaban el “borrador” de una demanda en que se acusaba al representante republicano con 52 cargos se robo, lavado de dinero y asociación ilícita.
La lenta investigación de las finanzas de Rivera “explica inequívocamente el robo y/o fraude de los fondos de campaña”, escribió Brett Lycett, inspector del FDLE en un correo electrónico del 5 de julio del 2011 a un fiscal. “Creemos que estas violaciones son bastante evidentes”.
Pero en los meses siguientes —después de que el abogado de Rivera le encontró huecos al caso— la confianza de los investigadores se sustituyó con un creciente escepticismo de los fiscales sobre los potenciales cargos. La demanda de 52 cargos que acusaba a Rivera de una malversación sistemática de los fondos de campaña no fue presentada nunca; en su lugar, los fiscales escribirían un memorando de 16 páginas en que explicaron por qué creían que no podían arrestar a Rivera.
FUENTE: Scott Hiaasen y Patricia Mazzei - http://www.elnuevoherald.com
VER ARTÍCULO COMPLETO EN: http://www.elnuevoherald.com/2012/07/16/v-fullstory/1252289/aparecen-detalles-del-derrumbe.html
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