Entre las denuncias destaca la injusta destitución contra el presidente Fernando Lugo en junio pasado, que se hizo mediante un breve juicio, de 24 horas, en el cual el mandatario no tuvo lugar para la preparación de su defensa, reseñó Telesur.
Esta acción fue condenada por organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), que calificaron la acción como un golpe de Estado parlamentario que rompió el orden democrático en Paraguay.
Por la medida contra Lugo, el Congreso paraguayo fue denunciado ante el Tribunal Ético por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, utilización arbitraria de la figura constitucional del juicio político y extorsión a funcionarios que aplican medidas a favor de la justicia social.
Tras estas denuncias, se conformó un equipo de investigación integrado por las abogadas Milena Pereira, Mirta Moragas y el economista Luis Rojas Villagra, quienes elaboraron el documento acusatorio.
Este lunes, el equipo fiscal del Tribunal señaló que las acusaciones violatorias de la Constitución por parte de los legisladores imposibilitan la existencia de un Estado de derecho en la nación y de un sistema político democrático.
El presidente del Tribunal Ético, el jurista Luis Lezcano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que se abrió un plazo de 30 días para que la directiva del Parlamento designe un abogado defensor. De no ser así, se le asignará uno de oficio.
Luego, una comisión del Tribunal ético otorgará 15 días al abogado defensor para que tenga a su disposición todos los elementos manejados por la Fiscalía y el 22 de noviembre se dictará sentencia.
La Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia (POSD) que realizó algunas de las denuncias contra el Congreso define el juicio ético como una herramienta de monitoreo y control ciudadano sobre el funcionamiento y gestión de los principales órganos de poder público.
FUENTE: AVN
