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domingo, 25 de noviembre de 2012

(Brasil) Destituyen por corrupción a una exsecretaria de Lula

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff destituyó a Rosemary Noronha, hasta ahora jefa de gabinete de la presidencia de San Pablo. La mandataria brasileña, ordenó ayer su destitución o separación del cargo de todos los funcionarios públicos implicados en un nuevo escándalo de corrupción, entre ellos altos cargos como la jefe del Gabinete de la Presidencia en San Pablo, informaron fuentes oficiales.
La decisión de la mandataria fue confirmada en un comunicado de prensa un día después de que la Policía Federal realizara la llamada Operación “Porto Seguro”, “para arrestar a seis de 18 acusados de integrar la red de corrupción en Brasil”.

La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que supuestamente están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.

Detenciones

Se supo además que la Policía Federal (PF) brasileña detuvo a seis altos funcionarios sospechosos de corrupción en varios organismos del gobierno, entre ellos Rosemary Noronha, antigua secretaria personal del expresidente Inácio Lula da Silva, informaron medios locales este sábado.

Según la Policía, citada por la prensa, el grupo de funcionarios detenidos pedía a sus subalternos que elaboraran informes para favorecer a ciertas empresas privadas sin el consentimiento de sus superiores.

El director de la PF en Sao Paulo, Roberto Troncon Filho, reveló que el sistema de fraudes fue descubierto tras la confesión de un funcionario del Tribunal Administrativo Federal (TCU) en marzo de 2011.

Este funcionario habría recibido 150.000 dólares para elaborar un informe técnico fraudulento con el objetivo de beneficiar a una empresa del sector portuario, pero luego se habría arrepentido y "confesado" los hechos, según Troncon Filho.

Entre los 18 acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).

La operación policial denominada "Porto Seguro" movilizó a 180 policías el viernes en cuatro ciudades del estado de Sao Paulo y Brasilia. Entre ellas se encuentran un fiscal y un alto funcionario de la Oficina de Correos.

José Dirceu, antigua mano derecha de Lula Da Silva, fue condenado en el “Mensalao”

Noronha, que acompañaba al expresidente Lula en sus viajes oficiales al exterior, ha sido inculpada por soborno y tráfico de influencias. Era ella quien pedía a los directores de la ANA y de la ANAC realizar los informes para favorecer a las empresas.

Las presidencias de los organismos gubernamentales implicados en el caso indicaron en un comunicado difundido este sábado que están "colaborando con la investigación".

Desde principios de agosto, Brasil asiste al muy mediático juicio de "MensalÆo", donde la Corte Suprema investiga la compra de diputados a cambio de su apoyo en el Parlamento durante los primeros años del Gobierno de Lula.

Tres colaboradores cercanos al ex presidente, entre ellos quien fue su brazo derecho entre 2003 y 2005, José Dirceu, fueron condenados en noviembre a varios años de prisión por esta causa.

Este escándalo estuvo a punto de costarle la reelección a Lula, pero el expresidente fue absuelto por la Justicia en ese entonces. Rousseff prometió no tener ningún tipo de miramientos con los corruptos.

La trama corrupta al parecer también tenía ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación.

Según el superintendente de la Policía Federal en Sao Paulo, Roberto Troncon Filho, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos "a la medida" para favorecerlos.

La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300.000 reales (unos 145.000 dólares) por elaborar un informe técnico que beneficiara a un grupo empresarial.

FUENTE: http://www.eltribuno.info

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