La votación del proyecto inició el pasado 20 de noviembre, pero a causa de las indicaciones que se habían presentado a la propuesta y a la decisión de algunos senadores de debatir cada uno de los artículos de la normativa, su análisis se extendió por más de diez sesiones.
Uno de los temas más polémicos en las jornadas fue la duración de las licencias, que los críticos consideran una fórmula para poner el patrimonio pesquero en manos privadas por tiempo indefinido.
El proyecto de Ley logró avanzar en el Senado tras un pacto entre un grupo de congresistas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista con el Gobierno.
La medida pasará ahora a la Cámara de Diputados que meses atrás aprobó una primera versión del documento por 60 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones, en tercer trámite legislativo donde se deben votar las numerosas indicaciones que se presentaron en el Senado.
En días pasados los senadores Guido Girardi, Eugenio Tuma y Alejandro Navarro anunciaron que de aprobarse la iniciativa acudirían al Tribunal Constitucional y Organismos Internacionales para interponer quejas.
Girardi, del Partido por la Democracia, manifestó que “está fundada en argumentos que no se corresponden con la realidad, genera un profundo problema de explotación, es un intenso negocio al año que se le va a entregar son condición a grandes empresas pesqueras”.
“Eso constituye lesión enorme al patrimonio nacional”, agregó.
Desde la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, que agrupa a unos 120 mil hombres de mar, indicaron que el proyecto desestima el significado de la pesca de arrastre y el respeto a las cinco millas marítimas para la pesca artesanal.
Pescadores artesanales y organizaciones ciudadanas, algunas de ellas indígenas, señalan que los objetivos reales del Gobierno son entregar esa fuente de alimentación a siete familias y con posibilidades de ser heredada, lo que se traduciría en un dominio del sector a perpetuidad.
Entre tanto el Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los industriales, defiende que esta ley es necesaria para dar sostenibilidad al sector ante la sobreexplotación de los recursos.
El proyecto de la Ley de Pesca, que ingresó a trámite legislativo el 14 de diciembre del año pasado, debe reemplazar a la legislación actual, que caduca el 31 de diciembre y que tuvo una vigencia de 10 años.
FUENTE: TeleSUR-LaTercera-Emol-BioBio-PrensaLatina
