Este anteproyecto es el resultado de un diálogo entre el sector público y el privado que se viene realizando desde el último trimestre del año 2014 y que forma parte de la iniciativa Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales, cuyo fin es conseguir que la Nación sea excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"Con la normativa, el Gobierno de la República de Panamá salvaguarda a empresas y trabajadores en sectores claves de la economía panameña", señala la nota de prensa.
El anteproyecto refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general.
Además, permite mejorar los reportes de transacciones sospechosas al incluir como “sujetos obligados” a reportar y cumplir lo dispuesto en esta Ley a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras.
La propuesta designa como supervisores a la Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Unidad de Políticas de Prevención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por otro lado, se adopta el nuevo estándar de Enfoque Basado en Riesgos tanto para los sujetos obligados como para los organismos de supervisión, lo cual implica la adopción de medidas de diligencia debida acordes a la exposición de riesgo de cada actividad.
En los próximos días, el Mef presentará el anteproyecto de Ley en la Asamblea Nacional.
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