Para la difícil tarea de desconocer las evidencias que obran en el caso, el
fiscal Cárdenas se ha hecho acompañar de un fiscal auxiliar llamado Durley
González Useda. El fiscal González tiene dos características comunes con
Gabriel Ramón Jaimes: es santandereano y como él, trabajó en la Procuraduría
de Alejandro Ordóñez.
Jaimes pidió la preclusión sin siquiera haber interrogado al señor
expresidente Uribe sobre las numerosas pruebas que pesan en su contra. En el
mejor ánimo de guardar las apariencias, los nuevos fiscales llamaron al
exmandatario a un interrogatorio que efectuó el fiscal Durley González
Useda.
Fue un continuo lanzamiento de bolas suaves para que las bateara el
imputado. En los años que llevo leyendo expedientes y siguiendo audiencias
judiciales, jamás había visto una diligencia tan ausente de carácter y rigor
por parte de un fiscal. Una muestra de apocamiento y zalamería de quien
debía actuar como investigador.
En las tres horas largas que duró la diligencia no hubo una sola
contrapregunta. Uribe se explayó teatralmente, narró anécdotas, torció
circunstancias, y al final de cada intervención se encontró con un sumiso
“gracias, doctor”, por parte del fiscal González.
El fiscal perdió cada oportunidad de contrastar las afirmaciones de Uribe
con las pruebas. Por ejemplo, el expresidente dijo que era una infamia que
señalaran que casi todos los testigos a su favor tienen relación con la
Oficina de Envigado.
La Fiscalía contestó con un “gracias, doctor” y no preguntó en cambio por
la evidente relación de los testigos de la defensa con miembros de ese
grupo delincuencial: el odontólogo Juan Manuel Aguilar es hermano de alias
Rogelio, quien fue máximo cabecilla de la organización criminal; Juan
Carlos ‘el Tuso’ Sierra figura en varios documentos judiciales como
integrante de esa banda; la fiscal Hilda Janeth Niño fue condenada por
recibir sobornos de Miguel Ángel Mejía Múnera, señalado enlace de la
Oficina; y Ángela López, la abogada que escribió cartas atribuidas a
reclusos de Cómbita a favor de Álvaro Uribe es la apoderada de alias
Cesarín, el nuevo jefe de la agrupación mafiosa. Todos esos vínculos
fueron registrados en una de estas columnas y están en el expediente.
El hombre que aseguraba que no renunciaría al Senado para escapar de la
jurisdicción de la Corte Suprema, le habló al fiscal de su gran amor por
la verdad. Sin sonrojarse sostuvo que el dinero que el autodenominado
abogánster Diego Cadena le entregó al testigo Carlos Enrique Vélez, era
simplemente una ayuda humanitaria incomprendida.
El fiscal no le preguntó por las declaraciones del propio Vélez sobre esos
pagos, ni las de su hermana mayor, y en la práctica madre, María Helena
Vélez, quien asegura que los pagos que recibieron de la oficina de Cadena
fueron varios y por cuantías considerables.
La propia señora Vélez se preguntó con asombro por qué el abogado era el
que le pagaba al preso y no al revés. Una pregunta que no le pasó por la
cabeza al funcionario que adelantó la diligencia.
El papel del fiscal interrogador resultó tan cómodo para Uribe que su
abogado Jaime Granados se limitó a asentir con la cabeza durante la mayor
parte de la diligencia. Su primera intervención se produjo cuando ya
habían pasado dos horas y 16 minutos y se orientó a buscar que las
interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema se declaren ilegales. Aquí
hay una extraña paradoja. Uribe y sus abogados sostienen que las llamadas
no prueban nada pero quieren a toda costa que no sean tenidas en cuenta.
Con ese propósito pretenden decir que Diego Cadena era apoderado en el
proceso de Álvaro Uribe adelantado por la Corte Suprema de Justicia
–condición que nunca tuvo– para que esas comunicaciones queden cubiertas
bajo el privilegio cliente-abogado.
El problema es que el único poder firmado es de abril de 2018 y la mayoría de las llamadas que prueban los presuntos delitos son anteriores. En el llamado interrogatorio, Uribe admite que las acciones cuestionadas son anteriores al poder. ->>Vea más...
FUENTE: Artículo de Opinión – Los Danieles
